Opinión

Universidades públicas: autonomía con rendición de cuentas

27 noviembre 2017 5:0
 
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CU

La autonomía de las universidades públicas es perfectamente compatible con la rendición de cuentas; es más, es una palanca indispensable para robustecer el principio de autodeterminación y autogestión que la Constitución les otorgó para asegurar el libre desarrollo de sus tareas, tanto académicas, como culturales. Autonomía sin rendición de cuentas es un privilegio inaceptable, que está reñido con la naturaleza misma y la función pública de las universidades.

Sin embargo, la atención mediática de la que han sido objeto algunas universidades públicas estatales por actuaciones indebidas y malos manejos administrativos, no debe justificar una intromisión de los poderes locales en su vida interna, porque ello atentaría contra su autonomía, dañando su estructura institucional. A la difusión de la investigación conocida como la “Estafa Maestra”, que realizaron Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación entre 2011 y 2015, y que puso en evidencia la participación de universidades públicas y tecnológicos estatales en asignaciones que implicaron desvíos millonarios de recursos públicos a través de contratos triangulados con empresas fantasma, se sumó más recientemente la acusación penal por enriquecimiento ilícito y peculado girada en contra del rector de la Universidad Autónoma de Morelos.

Aunado a lo anterior, la virtual quiebra financiera de algunas universidades ha provocado tentaciones injerencistas de parte de los poderes locales. Algunos Congresos como los de Guanajuato e Hidalgo han presentado iniciativas para modificar las leyes orgánicas de sus universidades, a fin de despojarlas de su derecho a que sus contralorías internas dependan de la administración universitaria y no de determinaciones de los poderes locales.

Hay que recordar que las autoridades de las universidades autónomas son las únicas en cuyo nombramiento no intervienen los poderes públicos, a diferencia de lo que sucede con los organismos constitucionales autónomos, porque emanan de sus propios órganos colegiados internos, ya que es la única forma de asegurar su capacidad de autogobernarse.

Como bien señalara hace unos días el Dr. Graue, rector de la UNAM, en ocasión del 38º aniversario del sindicato de trabajadores académicos (AAPAUNAM), “las contralorías universitarias deben ser electas por cuerpos colegiados para estar desligados de los intereses de la administración pública y de los poderes”. Agregó que los desequilibrios presupuestales que padecen las instituciones públicas de educación superior ponen en riesgo su subsistencia misma, vulnerando su autonomía. Una actuación indebida de un grupo de ellas no justifica “castigar” presupuestariamente a todas, pero lo que sí resulta indispensable es que las universidades públicas fortalezcan sus mecanismos de control administrativo y adopten los estándares más altos de transparencia en el ejercicio de los recursos. Dicho de otra manera, el rector convocó al gobierno a rescatar a las universidades en situación de precariedad, y a éstas a reforzar sus esquemas de rendición de cuentas.

Sabemos que las universidades tienen la función de crear, impartir y difundir el conocimiento y de preparar a los jóvenes para que estén profesionalmente equipados, a fin de incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral. También han sido el mecanismo por excelencia de movilidad y de justicia social, a la vez que han jugado un importante papel en la formación de ciudadanos críticos, que son indispensables para el fortalecimiento de nuestra aún incipiente democracia. Por ello, no es ni social ni económica ni políticamente pertinente que el gobierno federal pretenda dejar sin recursos suficientes a las universidades que enfrentan severos problemas financieros.

Es una buena señal que en Guanajuato, el gobierno y la legislatura estatales retiraran su pretensión de que el contralor interno de la universidad fuera designado por ellos. En Hidalgo, por su parte, ya existe una demanda de amparo para anular la reforma que dejaba en manos del Congreso del estado el nombramiento del contralor universitario. Para que no prosperen este tipo de prácticas intervencionistas, es necesaria una mayor presión social a favor de la autonomía y un compromiso más decidido de las universidades públicas con la transparencia y la rendición de cuentas.

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