Opinión

Una política hacendaria y financiera para impulsar la inversión y el desarrollo sostenible.

 
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El desarrollo sostenible e incluyente de México -con tasas deseables de crecimiento del 5-6% anual- en el periodo 2018-30, será posible si la sociedad mexicana y el próximo gobierno se deciden a realizar un proceso profundo de reforma hacendaria -Ingreso, gasto, deuda- que provea al Estado por la vía fiscal y financiera de los recursos necesarios para apoyar un mayor y mejor proceso de inversión, pública, privada, nacional y extranjera e impulsar una más equitativa distribución del ingreso y la riqueza.

Esta fue la principal conclusión de la reunión-diálogo que tuvo lugar el sábado pasado 30 de septiembre en el Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, apenas 10 días después de que el terremoto sacudiera y causara grandes trastornos a dicha población, a los estados de Morelos, Puebla y Guerrero y a la capital del País.

Ciertamente serán los ciudadanos mexicanos los que tendrán la última palabra. Un cambio de fondo exige un mandato y la voluntad económica- política del nuevo gobierno, y del que lo siga en el periodo 2024-30; pero tal como lo destacaron Francisco Suárez Dávila, Ex-Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Foncerrada-Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Jorge Mattar, Consultor de la Cepal y Coordinador Técnico del Proyecto Nueva Visión Estratégica 2030 del Centro Tepoztlán, urge formular y poner en marcha una nueva y audaz visión compartida de largo plazo y de diseño y ejecución de las políticas, que apunte a la instalación de políticas de estado que permanezcan más allá de las administraciones presidenciales, ya que ello es particularmente crucial en el caso de la formación de capital, tanto pública como privada, nacional y extranjera.

México ha conformado a lo largo de los últimos 30 años, un modelo de “estancamiento estabilizador”, que privilegia la estabilidad financiera: precios, equilibrio fiscal, como ejes básicos de la política económica y resta prioridad a la economía real: el crecimiento, la inversión el empleo, y una más equitativa distribución del ingreso. El esquema teórico-conceptual subyacente ha quedado rebasado por la evidencia en México y en otros países; ha partido del dogma de que basta con el ordenamiento de la economía y la estabilidad macroeconómica para que el proceso inversionista tenga lugar y que el crecimiento de la economía y el empleo ocurran en consecuencia.

El planteamiento de desarrollo alternativo esbozado en la reunión reconoció que la estabilidad macroeconómica es condición necesaria pero no suficiente y subrayó la necesidad de introducir cambios en la estrategia general de desarrollo, que ubique la principal prioridad en acelerar la tasa de crecimiento económico, con atención a la equidad y la inclusión, sin descuidar la estabilidad de precios. Se trata de un cambio radical respecto del esquema seguido en los últimas tres décadas –que ha privilegiado el control del inflación.

La ruptura del modelo actual necesita reencausar los principales elementos de la política hacendaria y financiera:

1) El gasto público es hoy de baja calidad y sin rendición de cuentas, frecuentemente canalizado a fines político-electorales, con altos niveles de corrupción.
El gasto corriente y la deuda han aumentado por arriba de niveles deseables tanto a nivel federal como estatal en las últimas dos décadas-13.5% ; en contraste, el gasto de capital ha caído a niveles sin precedentes (en estos últimos 2 años el más bajo desde 1946: 4% del PIB) raquítico en comparación con otros países -incluyendo los latinoamericanos-; debe reactivarse rápidamente , pero con una mejora importante en su orientación y su ejercicio, incluyendo mayor vigilancia y participación ciudadana a lo largo de la formulación y ejecución de proyectos.
Para aumentar la inversión pública se recomendó compactar el gasto corriente, destacando el redimensionamiento de las estructuras administrativas del gobierno federal y los estatales y de los múltiples organismos y programas públicos que han crecido excesivamente en los últimos 20 años.
Se propuso la racionalización del gasto social- subrayando la proliferación y duplicación de programas asistencialistas ineficaces en el ámbito federal y sobretodo estatal - y en cambio la urgencia de elevar el gasto en salud, educación, ciencia y tecnología- muy bajos hoy en comparación con países de la OCDE y de América Latina e insuficientes frente a las metas de universalización de la salud y de educación obligatoria de calidad.


2) El crédito es escaso y mal dirigido; el de la banca comercial, orientado fundamentalmente al consumo de alto margen y en menor medida a la vivienda; no a la actividad productiva, mucho menos a proyectos de largo plazo y de riesgo e innovación. Los bancos, en su gran mayoría de capital extranjero, obtienen en México tasas de ganancias muy elevadas y en cambio otorgan créditos muy reducidos en proporción a sus activos, ya sea que se les compare con países europeos o asiáticos y aun frente a Chile o Brasil. Esta situación tiene que cambiar mediante políticas apropiadas -como lo hacen los países de rápido crecimiento.

3) La banca de desarrollo requiere una reforma integral incluyendo las Afores, para que apoyen al desarrollo. Nacional Financiera, por ejemplo, es una sombra de lo que fue- y de lo que es hoy día la banca de desarrollo industrial de países asiáticos de rápido crecimiento. Lo mismo sucede en las actividades agropecuarias y la infraestructura, que exigen un gran fortalecimiento para impulsar la productividad, el desarrollo regional, la innovación y la conectividad global. Toda la banca de desarrollo mexicana aporta hoy solo el 3% del PIB. En otros tiempos NAFINSA por si sola llegó a canalizar recursos equivalentes al 7% del PIB

4) Se propuso reexaminar el papel del Banco de México, para que no sea solo un garante de metas de inflación y estabilidad, sino también de objetivos de crecimiento y empleo-como sucede en los EUA y otros países.

5) Componente fundamental de una nueva política hacendaria deberá ser una verdadera reforma fiscal, “madre de todas las reformas”, que debe generar recursos para sustentar la inversión y las reformas sociales.

Se reconoció que el actual gobierno ha logrado mejorar en más de 4 puntos el ingreso fiscal y compensar la caída del ingreso derivado de las exportaciones petroleras.
Pero se advirtió que la reforma futura deberá asegurar tasas competitivas del ISR a las empresas frente a los EUA y otros países europeos que las están reduciendo; hubo sugerencia de una tasa del 20% –sujeta a reinversión de utilidades.
Para compensar se sugirió gravar más a las personas físicas de altos ingresos; considerar un impuesto a los capitales e impulsar el impuesto predial –crucial en el ámbito municipal. Se recomendó aliviar la situación fiscal de las personas de ingresos medios, que actualmente llegan muy rápido a la tasa máxima.”

6) El Pacto Fiscal Federal se ha convertido en disfuncional, ha generado “virreinatos” y corrupción; debe replantearse.

7) Debemos mantener un tipo de cambio competitivo que facilite la exportación, el ingreso turístico y el desarrollo del mercado interno.

Todo ello debe dirigirse a promover el crecimiento y atacar la desigualdad y la pobreza.

Tras de los sismos y las necesidades de reconstrucción se juzgó clave identificar los espacios fiscales y financieros de que dispone el estado para promover un programa amplio que atienda las necesidades urgentes y constituya a la vez una plataforma de impulso al desarrollo regional y local.

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