Opinión

Una institución inservible

     
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Los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino y el gabinete de seguridad esperan varios minutos de pie. Se anuncia la llegada del presidente Peña Nieto. Aplausos. Se hacen los saludos e introducciones de rigor. Se entona el Himno Nacional. Hasta ahí el preámbulo de la XLII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), celebrada el 30 de agosto (cuyos acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial el pasado miércoles 4 de octubre). Como habrán sido la mayoría de las 41 sesiones previas, se trata de un acto solemne, aburrido y superfluo. Las sesiones del CNSP recuerdan lo peor del viejo presidencialismo mexicano: aquellas faraónicas 'reuniones de la República' de tiempos de López Portillo, que se organizaban con el sólo propósito de adular al mandatario.

Continúa la sesión. Los indicadores en materia de seguridad de este año no son halagüeños. Muy seguramente en 2017 se romperá el récord de ejecuciones en la historia moderna del país (sólo en los primeros nueve meses se registraron 13 mil 374, más que en todo 2016). Sin embargo, el secretario de Gobernación se las ingenia para reportar en su intervención avances y esfuerzos; algunos más bien vagos, otros decididamente accesorios (como la homologación nacional del número para llamadas de emergencia). Más aplausos.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, da lectura a cuatro acuerdos que habrán de ser aprobados. Como mero trámite, los acuerdos se votan en bloque. Si algún gobernador flojo o distraído no alzó la mano, no quedará registro histórico de ello: para cualquier efecto práctico, la votación es unánime.

Los acuerdos que se aprobaron tratan de temas importantes: violencia de género, profesionalización policial y la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, más que acuerdos, se trata de declaraciones de intenciones. Para profesionalizar las policías estatales, por ejemplo, se aprueba el 'modelo óptimo de función policial'. Los gobernadores se comprometen a entregar un plan de trabajo, con esto tal vez cumplan. Queda menos claro si ahora sí darán de baja a los elementos que no acrediten las pruebas de control de confianza, o si dejar de hacerlo tendrá alguna consecuencia. Sus antecesores se comprometieron en un acto incluso más solemne (la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, de 2008). No pasó mayor cosa a los que no cumplieron.

Toca el turno de hablar al jefe de Gobierno capitalino, en calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Miguel Ángel Mancera trae a la mesa un tema importante en la agenda: las modificaciones legales a efecto de que se aplique prisión cautelar a quienes son detenidos por portación de arma de fuego. El punto no se debate a pesar de que existen argumentos y contraargumentos serios. Continúa la retórica, los elogios y los aplausos.

Se aprueban más acuerdos de forma aparentemente unánime y se le otorga el uso de la palabra a María Angélica Garnica Sosa, representante de la sociedad civil. Ella sí habla fuerte. Subraya, por ejemplo, la falta de “homogeneidad, oportunidad, obligatoriedad y calidad” de la información que las entidades remiten al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). El gobierno de Puebla, un estado con más de seis millones de habitantes, donde han tenido lugar algunos de los feminicidios más escandalosos, sólo ha reportado al Banavim 106 casos de violencia contra las mujeres, 0.05 por ciento del total nacional. En realidad, en México casi ninguna institución de seguridad o justicia publica cifras confiables. No pasa nada. Los más interesados, los liderazgos de la sociedad civil, tienen voz en el CNSP, no voto.

El CNSP es tal vez un espacio útil para impulsar propuestas, sugerir estudios, o para llamar la atención de algunos tomadores de decisión sobre la necesidad de atender tal o cual requerimiento presupuestal. Sin embargo, se necesita mucho más que eso. En la ley se le concibe como la instancia superior de coordinación y definición de políticas en materia de seguridad (responsabilidad que resulta central en un país que hace frente a una terrible crisis de inseguridad, y donde la responsabilidad para atender dicha crisis se reparte entre varios centenares de instituciones de los tres órdenes de gobierno). Por lo mismo, en el seno del CNSP –más que buscar consensos– se tendrían que tomar decisiones difíciles e impopulares, se podrían hacer ejercicios de rendición de cuentas y exhibir la incompetencia de muchos y, sobre todo, se debería imponer un costo político y presupuestal a las autoridades que no logren resultados (que actualmente son la mayoría). Actualmente, ni siquiera se da mayor difusión al incumplimiento de acuerdos por parte de cada entidad federativa.

No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. No podemos esperar que con intercambiar palabras amables y buenas intenciones con el presidente dos veces por año, los gobernadores asuman el enorme desgaste y riesgo que implica depurar instituciones controladas en buena medida por intereses criminales. Se requiere una reforma a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública mucho más ambiciosa que aquellas que han sido planteadas recientemente. Se requiere un cambio de fondo, que en este caso también pasa por un cambio en las formas.

Twitter: @laloguerrero

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