Opinión

Un Presidente regañado

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Enrique Peña Nieto

De manera inusual, el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, ofreció el sábado disculpas por la tortura de dos soldados a una mujer en Guerrero, un dardo envenenado a la credibilidad del gobierno cuando el video sobre el crimen se volvió viral la semana pasada en las redes sociales. Este lunes se espera que el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, lo siga, pues también participó una policía federal. La reacción gubernamental refleja sensibilidad, pero lamentablemente no fue por generación espontánea. Sucedió como consecuencia directa de la llamada de atención que le dieron al presidente Enrique Peña Nieto en dos de las principales capitales del mundo: Washington y Berlín.

En materia de derechos humanos, el Presidente y su gobierno salieron reprobados severamente la semana pasada. El Departamento de Estado difundió su reporte anual sobre derechos humanos, donde la evaluación es devastadora. “Los problemas más significativos relacionados a los derechos humanos, incluyen el involucramiento de policías y militares en serios abusos, como asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones”, indica el informe. “La impunidad y la corrupción en el sistema de procuración y administración de justicia es un problema serio, con tasas extremadamente bajas de juicios para todo tipo de crimen”.

El documento salió al público mientras el Presidente buscaba responder los señalamientos de que en México no hay estado de Derecho, durante dos visitas de Estado, en Alemania y Dinamarca, que nunca se pensó tuvieran giros tan dramáticos para la credibilidad gubernamental. La crónica del corresponsal del diario El País de Madrid desde Berlín asomó la molestia y la preocupación de los inversionistas alemanes con México. “En México existe un gran vacío en temas de seguridad jurídica. El gobierno debe abordar estos temas si desea atraer a los inversionistas”, dijo Erich Schweitzer, descrito por el corresponsal como “el poderoso” presidente de la Cámara de Comercio e Industria alemanas.

Alemania es el país más poderoso de Europa y su economía una de las que rigen el mundo. Es el primer socio comercial de México en la Unión Europea –el quinto a nivel mundial– y más de mil 700 firmas alemanas se han instalado en México con el gran mercado de consumidores norteamericano en sus estrategias. Sus críticas, por tanto, son escuchadas al más alto nivel alemán. Era imposible que no lo hicieran. El día que arrancaba la visita, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, reportó El País, publicó una carta abierta dirigida al presidente Joachim Gauck –que luchó contra la dictadura de la desaparecida Alemania Oriental– y a la canciller federal, Angela Merkel, donde calificaron de “catastrófica” la situación de los derechos humanos en este país.

En su discurso protocolario en la comida de Estado, Gauck le dijo a Peña Nieto: “Los ciudadanos esperan del Estado, además de la prevención de la violencia, que los crímenes sean esclarecidos y sancionados con prontitud, y respetando los principios del estado de Derecho”. Al día siguiente, Merkel remató: “Queremos que la policía mexicana sea más eficiente, también en el respeto de los derechos humanos”. En Copenhague, al anunciar conjuntamente con el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, los acuerdos bilaterales firmados, un periodista danés le preguntó al jefe de gobierno cómo podían suscribirlos con un país violador de derechos humanos. Rasmussen esquivó, pero no por completo. Los ataques a la libertad de expresión y a las desapariciones forzadas, dijo, son “causa de preocupación” para su gobierno.

También lo son para un gran número de mexicanos, aunque lamentablemente no lo suficientemente grande en volumen, como para que el gobierno atienda las denuncias y los reclamos que hace la ciudadanía, o las recomendaciones que hacen las organizaciones de derechos humanos las cuales, directa o indirectamente, están enfrentando embates mediáticos mediante campañas de desprestigio y hostigamiento, por medio de la violencia, como si se buscara intimidarlas y silenciarlas.

El tema del estado de Derecho ha sido una crítica constante en el mundo contra el gobierno del presidente Peña Nieto, quien en prácticamente cada visita que realiza en el mundo, escucha las preocupaciones de los gobiernos anfitriones. Una revisión rápida en el buscador de Google de sus viajes en el último año, permite observar que desde la visita de Estado al Reino Unido en marzo de 2015, el tema ha sido recurrente en los discursos y las conversaciones bilaterales. Cuando uno escribe “violaciones a los derechos humanos” en México, aparecen –hasta este domingo– 114 mil noticias relacionadas con el tema, por 86 mil de Brasil, 49 mil 700 de Cuba, y 34 mil de Venezuela. Es decir, donde hay más denuncias públicas sobre el tema en todo América Latina, es en México.

Sin ser casos análogos, la reacción del gobierno de Peña Nieto es muy similar al de las dictaduras suramericanas de los 70 y los 80, cuando la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos se daba en las metrópolis y no en los países nativos, por las acotaciones a la libertad de prensa y de expresión. Aquellas dictaduras colapsaron por sus abusos. México no es una dictadura, sino una democracia en construcción, pero dentro del gobierno no parecen entender con plenitud que las tentaciones del pasado no tienen cabida. Esconder la cabeza como avestruz tampoco ha funcionado. Ya lo experimentaron. No se veían a sí mismos, pero están desnudos ante el mundo. Mostrar sensibilidad, aunque sea por un regaño, es un avance, pero sólo los hechos harán la diferencia.

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