Opinión

Un pacto contra la hipocresía

Quizá el pacto más importante que es necesario firmar es contra la hipocresía.

Los priistas tienen que admitir su responsabilidad en estados donde siempre han gobernado y hoy reina el crimen organizado, como en Tamaulipas y Veracruz.

Los panistas fracasaron rotundamente en su lucha contra la delincuencia y dejaron un país con más sangre derramada, más crimen, más secuestro y más extorsiones.

Los perredistas y Morena deben hacerse cargo de su responsabilidad en la catástrofe de Iguala y de Michoacán.

Es imperdonable que partidos políticos lleven de candidatos a puestos de elección popular a rufianes, como ocurrió en Iguala.

Los acuerdos en el próximo pacto (que en este espacio sugerimos hace casi tres semanas) deben tener fuerza de ley. Tienen que involucrar al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

No hay que repetir los errores que se cometieron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008.

Quizá el primer error a subsanar es no dejar a la buena voluntad de gobernadores y presidentes municipales el cumplimiento de lo acordado.

No hay partido que se salve. Todos tienen responsabilidad en el problema en que se encuentra el país, y sólo entre todos será posible salir adelante.

Los jueces tienen parte de la culpa, pues en muchos casos negocian liberaciones. Ministerios Públicos integran mal los expedientes para facilitarle la tarea al juez y soltar a culpables, o castigar a inocentes.

Las cárceles están llenas de pobres que no tienen para pagar sus fianzas por delitos menores. O por consumir mariguana.

El problema no son ellos ni los fumadores de mariguana, sino autoridades políticas, judiciales y policiacas coludidas con la delincuencia.

Autoridad que se coluda con delincuentes debe pagar el doble de la penalidad. No le pueden tener más respeto a los delincuentes que a la ley.

Siempre habrá el recurso de decir que los criminales amenazaron a las autoridades si no les permitían realizar tales o cuales nombramientos en el gabinete del municipio o del estado.

Es muy sencillo ir contra eso: nadie los obliga a entrar en política. Que no entren. O que se retiren si les pesa ese comprensible sentimiento que es el miedo.

Gobierno o dirigente partidista que no cumpla con lo pactado debe irse y responder por ello, o que no firme nada.

Y el pacto debe incluir un espacio para garantizar el orden y la tranquilidad de los ciudadanos. El vandalismo contra bienes públicos o privados no se puede permitir. Debe ser obligación de la autoridad actuar.

Para ello es preciso acordar protocolos y darles fuerza de ley, para que las autoridades estén obligadas, so pena de castigo, a actuar para liberar arterias primarias, aeropuertos, e impedir incendios de edificios públicos o robos tumultuarios a almacenes y comercios.

Actuar contra el desorden y la violencia no puede quedar a la valoración de la autoridad, sino que se sepa de antemano qué va a suceder en caso de vandalismo, independientemente de quién gobierne o quién cometa los desmanes.

Es preciso establecer sanciones para las autoridades que no cumplan con el pacto. Pero sobre todo se debe castigar la hipocresía y el cinismo que nos ahogan.