Opinión

Un Ejército distante

   
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Militares. (Cuartoscuro / Archivo)

La Ley de Seguridad Interior tiene un severo problema reputacional que ha hecho que las iniciativas en la materia resulten intransitables. Aprobar la ley sin ampliar el debate hubiera significado agraviar a todas las organizaciones de víctimas, a los defensores de derechos humanos, y en general a todos los sectores de la población preocupados por los excesos que se han cometido a lo largo de diez años de guerra contra el crimen organizado.

Algunas de las preocupaciones respecto a esta legislación se podrían atender con modificaciones sencillas. La redacción de algunas de las iniciativas es demasiado ambigua y genera suspicacias innecesarias. Aunque la Constitución ya lo establezca, es necesario dejar en claro en la Ley, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas –que requieren contar con facultades para generar su propia inteligencia– sólo podrán intervenir comunicaciones con los debidos controles judiciales. También sería útil para el debate eliminar la referencia al concepto de “resistencia no agresiva” (que se retomó de forma innecesaria de las directivas para el uso legítimo de la fuerza) y establecer de forma explícita que las Fuerzas Armadas no podrán participar, en ningún caso, en la contención de manifestaciones y movilizaciones pacíficas.

Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta que el rechazo no se dirige propiamente a la ley ni al que ha sido hasta ahora su objetivo central: dar sustento jurídico (más allá de la jurisprudencia de la Suprema Corte) a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En el fondo, el problema es que el Estado mexicano no ha dado respuesta a la preocupación que subyace en la oposición a la Ley de Seguridad Interior: tenemos un Ejército distante de los ciudadanos. Si bien las Fuerzas Armadas generan confianza entre la mayor parte de la población (mucho más que la Policía Federal), también se han ganado el repudio y el temor de muchas comunidades. Ahí está la negativa, casi sistemática, a reconocer responsabilidad por violaciones graves a los derechos humanos. Ahí está también el preocupante índice de letalidad, que sugiere que en muchos casos las Fuerzas Armadas sí actúan con una lógica de exterminio.

Por ello, dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas es sólo una parte de la ecuación. El debate en torno a la Ley de Seguridad Interior también debería contemplar otras preocupaciones, igualmente urgentes. En primer lugar, es necesario plantear mecanismos para romper con el hermetismo militar y con la resistencia tajante a los contrapesos civiles. Como lo confirma cada informe de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, cada año las Fuerzas Armadas cometen una gran cantidad de violaciones graves a los derechos humanos, y las sanciones hasta la fecha han sido simbólicas.

En segundo lugar, más que un programa de retiro para las Fuerzas Armadas (como han propuesto algunos críticos de la Ley de Seguridad Interior), lo que se necesita es establecer responsabilidad política por el desarrollo de los operativos conjuntos o “afectaciones a la seguridad interior”. Esta responsabilidad debe recaer, en primer lugar, en los gobernadores. Si no tienen la capacidad para mantener la seguridad en sus estados y deciden solicitar apoyo militar, lo justo es que se comprometan a lograr resultados concretos en los seis meses o el año contemplados inicialmente para el operativo. En las iniciativas de Ley de Seguridad Interior ya hay algunos avances en este sentido, sin embargo, es necesario ir más allá y señalar criterios mínimos de rendición de cuentas.

Dicho lo anterior, la Ley de Seguridad Interior debe aprobarse. El incremento de la violencia criminal y la delincuencia es resultado de las decisiones erradas que se tomaron en relación con la estrategia para combatir al crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón (en particular la decisión de desarticular de forma simultánea a todos los cárteles, propiciando el surgimiento de un gran número de mafias locales). Sin embargo, esto no quiere decir que haya violencia o inseguridad porque “el Ejército esté en las calles”. Es difícil subestimar la cantidad de delitos adicionales que se habrían cometido si las Fuerzas Armadas no vigilaran las localidades y las carreteras donde operan las organizaciones criminales de mayor peligrosidad. Sin el despliegue del Ejército, grandes extensiones del territorio nacional ya estarían controladas por grupos paramilitares, o serían simplemente intransitables.

El Ejército seguirá todavía algunos años en la calle. Si hoy encontramos una fórmula para que los gobernadores y los alcaldes se pongan a trabajar en serio en materia de fortalecimiento institucional, en el mejor de los casos nos tardaremos un lustro más en contar con fuerzas policiales suficientes para mantener niveles aceptables de seguridad en todo el territorio. Más aún, la gran mayoría de los soldados y marinos que participan en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, lo hacen con honor y con una verdadera vocación de servicio. Lo menos que merecen es contar con certeza jurídica para el desempeño de su labor.

Twitter: @laloguerrero

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