Opinión

Tres de tres para sacerdotes

  
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Maximino Martínez Obispo Ciudad Altamirano Guerrero

El esfuerzo desplegado por la sociedad civil, los legisladores y el propio Presidente de la República para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no tiene precedente alguno y establece un marco jurídico de vanguardia en el que no sólo son sujetos de sanción los servidores públicos, sino también los particulares.

Se podría decir que el avance es notable en la lucha contra la corrupción y la impunidad; sin embargo, existe en otros sectores de la sociedad como el eclesiástico, en el que se opera, en algunos casos, al margen de la ley y que a sabiendas de que así sucede, poco se realiza para meterlos al orden. Particularmente en lo que se refiere al manejo de recursos económicos.

A simple vista parece que nada tiene que ver, por ejemplo, la ley Tres de Tres con los sacerdotes, ya que estos no manejan dinero público; sin embargo, esto no los exime de transparentar el manejo de los donativos que reciben mediante las limosnas y los diezmos. Deben pagar impuestos, como también deben estar obligados a declarar de dónde provienen ‘los dineros’ que reciben cuando los montos rebasan cierta cantidad, al igual que deben señalar a quienes les hacen esas donaciones y deben elaborar una relación de bienes personales, es decir la famosa declaración patrimonial.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forma parte del SNA se define con claridad los delitos de corrupción en los que pueden incurrir los particulares, tanto personas físicas como morales, así como de las sanciones que evidentemente van desde la inhabilitación como proveedores, hasta la prisión.

Es decir, ya el sector privado está bajo la lupa y están completamente de acuerdo de sumarse a esta cruzada nacional contra la corrupción, ahora el siguiente paso toca a otros estratos de la población, como las iglesias.

La ostentosa vida que se dan algunos sacerdotes de todas las iglesias es de sobra conocida en las comunidades donde imparten sus oficios religiosos, empero sólo reciben el escarnio social y hasta allí llega la cosa.

Ya es tiempo de que la ley sea pareja para todos y que se aplique sin distinción.

Sería deseable que la Iglesia católica, por ejemplo, obligará a sus sacerdotes a hacer públicos sus bienes y con ello recobrar la confianza que se ha perdido entre sus feligreses, precisamente por cometer atropellos y faltas graves.

Así que mientras, el Sistema Nacional Anticorrupción castiga a particulares por soborno a servidores públicos, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa o alterada, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores públicos, entre otras “lindezas”.

Así también debe aplicarse la ley que existe contra el lavado de dinero, contra la evasión fiscal y contra el tráfico de influencias a los ministros del culto.

Por lo tanto debe establecerse todo el andamiaje legal para que así ocurra. Por esto insistimos en una modalidad de la ley denominada 3 de 3, pero ahora para los sacerdotes.

Ya basta de que la jerarquía religiosa en nuestro país siga actuando impunemente, sin que se le toque ni con el pétalo de una rosa.

Ya no sólo actúan en campos que están vetados por ley, como en el ámbito de la política, sino que se enriquecen sin justificar cuál es la fuente de sus recursos.

Como se sabe, el crimen organizado blanquea parte de sus ganancias en limosnas y donativos a las iglesias, en las que el párroco, pastor o sacerdote vive una vida de opulencia, contraria, precisamente, a lo que señalan los cánones religiosos.



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