Opinión

Tres alertas electorales

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INE

1. Sigue la campaña del Partido Verde en los cines del país. Una campaña eficaz –“el Verde sí cumple”– que se suma a otra en radio y TV ocurrida a fines del año pasado con motivo de los “informes” de algunos legisladores de ese partido, que según el PRD habría transmitido 250 mil spots y costado dos mil 351 millones de pesos (aunque el partido asevera haber gastado sólo 85 millones).

No importa si las causas que enarbola ese partido son bobas o irrelevantes (aumentar la pena a secuestradores a 140 años cuando el problema es la impunidad o prohibir los animales en los circos en lugar de regularlos). Tampoco importa si el Verde es realmente “verde” o si sus militantes son íntegros y congruentes con los idearios progresistas que caracterizan a los ecologistas.

Lo eficaz de la campaña deriva del buen diseño de los promocionales, de su amplia difusión (violando la ley) y del hartazgo de la población con los partidos tradicionales que orilla a muchos a creer que el Verde sí cumple y que es diferente de los demás.

La campaña fue tan exitosa que ese partido ya se ubica en 11 por ciento de la intención del voto según encuesta de Parametría publicada ayer en EL FINANCIERO. Está a dos puntos del PRD y arriba de Morena. Para efectos prácticos, la campaña ya cumplió su cometido y quizá también causó un daño irreparable a la equidad de la competencia. Aun antes de iniciar las campañas, el Verde ya ganó (al margen de lo que hagan o digan sus adversarios).

2. Una novedosa teoría democrática se dio a conocer la semana pasada: los partidos no son responsables por las fechorías de los gobernantes emanados de sus filas. Dijo Carlos Navarrete, presidente del PRD, que su partido “está limpio de polvo y paja” pues las irregularidades que pudieron cometerse durante la gestión del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, son individuales y no tocan al partido.

Pero la teoría de Navarrete contradice la campaña publicitaria de su partido. Hay al aire spots que culpan al PRI de la inseguridad y de la corrupción con imágenes de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari. Si los partidos no son responsables de los gobernantes emanados de sus filas, ¿por qué culpar al PRI de la violencia o corrupción que pudieron propiciar algunos presidentes priistas?

La tolerancia del PRD con sus militantes-gobernantes ha permitido que dos delegados del Distrito Federal con acusaciones de corrupción y conflicto de interés sean aspirantes a diputados. Mauricio Toledo, delegado con licencia de Coyoacán enfrenta una demanda de extorsión porque presuntamente cobraba a empleados de su delegación 10 por ciento de su salario. También ha sido acusado de pedir dinero para otorgar permisos de construcción y autorización a gasolineras. El otro es Jesús Valencia, de Iztapalapa, quien en diciembre chocó una camioneta de uso personal pero propiedad de un contratista de su delegación. El domingo pasado fue incluido en la lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados.

¿Podrá el PRD ganarle a Morena si es incapaz en los hechos de refutar las acusaciones de corrupción que les lanza López Obrador?

3. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos se reunieron para discutir la firma de un pacto de civilidad para lograr que las elecciones se desarrollen con normalidad. La idea no es nueva. En 2006, por ejemplo, se firmó uno por la “Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad” y en 2012 otro con el mismo propósito. Sin embargo, firmar un pacto no significa que los partidos o candidatos se comporten de forma legal y responsable. Muchos de ellos harán lo que tengan que hacer para ganar. Los pactos, bonitos para la foto, resultan irrelevantes al final del día.

En esa reunión el presidente del PAN propuso cuatro blindajes. El primero para garantizar la seguridad física de los candidatos (¿cuántos? Si fuesen todos se requerirían al menos 20 mil escoltas equivalentes al número de candidaturas en juego. ¿De dónde saldrían esos recursos?). El segundo blindaje sería para evitar la participación del dinero de procedencia ilícita (¿cómo? Eso no depende del INE sino del sistema hacendario, pero sobre todo de los propios candidatos). El tercero es para impedir vínculos de los candidatos con la delincuencia organizada (otra vez, eso es responsabilidad de los partidos y de los candidatos). El último blindaje propuesto es para atajar el uso de recursos públicos en las campañas.

Este último merece atención pero ya es demasiado tarde. Atajar esos flujos no depende del INE sino de mejorar los sistemas de fiscalización superior en las entidades del país; depende también de concluir la armonización contable para conocer el uso de los recursos presupuestarios que lleva varios años de retraso; y, sobre todo, depende del papel de contrapeso de los poderes Legislativos (diluido hoy en día).

Según Madero, estos cuatro blindajes se deben operar en una mesa tripartita del INE, los partidos y el gobierno federal. La propuesta es ingenua porque las mesas relevantes están en otros lados. El PAN lograría más, por ejemplo, si impulsa una agenda agresiva desde la comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación y a través de sus legisladores locales para revisar el ejercicio del gasto (pero reitero, ya es demasiado tarde). Combatir el desvío de recursos públicos para campañas políticas es uno de los mayores desafíos de la democracia electoral. Pero no se solucionará al calor de las campañas en puerta y al 5 para las 12.

Twitter: @LCUgalde

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