Opinión

Trascendental resolución permite digitalización masiva de libros

 
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Libros de historia (Especial)

A pesar de la simpatía que el proyecto ha despertado entre universidades y comunidades de usuarios de la red, desde hace casi 10 años el proyecto “Google Books” enfrenta la férrea oposición de editoriales y organizaciones de autores en diversas partes del mundo. La opción resultante de la iniciativa, que se traduciría en permitir acceso electrónico a más de 9 millones de libros descatalogados sigue llamando poderosamente la atención, y progresivamente va derribando el obstáculo que la legislación de derechos de autor plantea para su consecución.

El giro que el proyecto estaría dando se apoya en la resolución dictada por una Corte Federal de Apelación en EUA, que ha estimado como procedente que Google realice la digitalización de millones de libros, bajo la influencia de la doctrina del “uso justo”. Esta digitalización no tendría todavía por propósito el acceso directo a las obras, pero si la posibilidad de realizar búsquedas indexadas, así como la producción de escaletas resumidas de los contenidos.

Inicialmente, tanto el Congreso como los tribunales de primera instancia en Washington descalificaron la iniciativa de Google y negaron toda posibilidad de digitalización de las obras, bajo la consideración de que esa tarea implicaba la reproducción no autorizada de la obra, lo que por definición constituye una potestad del titular del derecho de autor sobre la misma.

Bajo la doctrina del “uso justo” invocada por Google, la digitalización de libros de bibliotecas públicas y de universidades se ubica en una excepción al considerarse que no sólo no se agravia el derecho patrimonial de los autores, sino que, de manera contraria, se incentivan posibles reediciones de las obras al hacer accesible un resumen de su contenido y agregarlas a los poderosos motores de búsqueda diseñados para el efecto.

El argumento de Google para sustentar este esfuerzo para la formación del reservorio de literatura más basto en la historia de la humanidad, es el hecho de que se trata de libros descatalogados, cuya consulta no perjudica a ninguna editorial poseedora de derechos, dada la inexistencia de ejemplares para la venta. El proyecto, inclusive, contempla un mecanismo para permitir a cualquier autor o casa editorial que reclame derechos sobre una obra, darla de baja del archivo o transferirla a una sección en la que los usuarios pagarían por su consulta.

De momento, la decisión ha sido objeto de toda clase de críticas de parte de las Uniones de autores, que consideran que es este el inicio de un detestable monopolio de Google respecto de la literatura existente en el mundo, a partir de su capacidad de digitalización, indexación, archivo y búsqueda de contenidos, que en breve plazo desplazaría la propia función editorial que por siglos ha permitido que los libros lleguen a los lectores.

Al final, esa es la que parece ser la discusión de fondo que la Suprema Corte deberá resolver en breve cuando el expediente llegue a su jurisdicción. Si se debe defender un sistema construido a lo largo del tiempo, cuya desmontaje causará pérdida de empleos y cambios profundos en la industria editorial, o si se dejan libres las fuerzas tecnológicas que impulsan este tipo de iniciativas bajo la pretendida justificación del beneficio de los consumidores, y un extendida y todopoderosa libertad de expresión.

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