Opinión

Transparentar, corregir y hacer eficaz el gasto educativo

El gasto educativo es el principal instrumento para la distribución de las oportunidades vitales de nuestras jóvenes generaciones. Sin embargo, como hemos demostrado desde nuestros reportes Metas (2011) y (Mal) Gasto (2013), el gasto invertido no corresponde con los resultados arrojados por nuestro sistema educativo. Exigimos mayor eficacia en el ejercicio del gasto educativo. Dicha eficacia consiste en dirigir los recursos a lo central: garantizar el derecho a aprender de las niñas y niños de México. Aunque no es nueva la demanda de contar con un gobierno con resultados, en el ámbito educativo la captura de los recursos y los arreglos entre adultos han dificultado reorientar el gasto educativo.

Los dos presupuestos federales de educación básica confeccionados por esta administración siguen manteniendo la misma inercia que los de años anteriores: ocho de cada diez pesos son destinados al pago de sueldos de personal, tanto burócratas como docentes; si a este monto le agregamos el correspondiente al gasto corriente y de operación de toda la burocracia educativa federal, sube a nueve de cada diez pesos. Sólo uno de cada diez pesos es utilizado para proveer condiciones directamente relacionadas con el aprendizaje: libros, becas, computadoras, aulas de clases e instalaciones escolares y programas de formación docente. Son estos dos universos sobre los que hay que fijar la mirada para valorar el debate presupuestal por venir.

Es necesario hacer ajustes importantes respecto a los recursos encauzados a la nómina educativa. La depuración de ella es aun más prioritaria en el contexto de probables recortes al gasto en temas sustantivos, como becas, programas escolares o infraestructura. En Mexicanos Primero, hemos dado seguimiento desde 2010 al tema del desvío de recursos educativos a los comisionados sindicales. Hoy, a pesar de estar prohibido legalmente, persiste el pago a comisionados sindicales de forma abierta y encubierta.

De acuerdo con los datos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), los estados reportan pagos a tres mil 447 comisionados sindicales en el primer trimestre de 2015 y dos mil 383 en el segundo trimestre. Lo más probable es que son más, pues tenemos sospechas fundadas de simulación oficial. De los 20 reportes trimestrales que los estados estaban obligadas a entregar al gobierno federal desde 2010, solamente dos entidades federativas cumplieron con la entrega total de información. Y si consideramos la veracidad de esta información, en cuanto al número de comisionados, difícilmente podríamos asegurar que alguna cumplió con su responsabilidad. Desde 2014, muchos estados del país informaron con bombo y platillo sobre el regreso a la escuela de muchos comisionados. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de verificación institucional dificultan el monitoreo y facilitan el surgimiento de nuevas formas de simulación. El regreso a la escuela no significa en automático el regreso al salón de clases.

Un elemento clave para corregir y depurar la nómina educativa es la transparencia y la supervisión. Hemos visto avances importantes en materia de transparencia, con el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) y el Fone, pero debemos continuar expandiendo sus alcances. Pero es en la construcción de mecanismo de verificación institucional dónde hay todavía mucho por hacer. Es deseable que la Secretaría de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación establezcan mecanismos claros y efectivos de verificación de asistencia y cumplimiento de funciones, de verificación en pagos de nómina y de sanciones por falsedad en reportes oficiales e irregularidades detectadas en las auditorías financieras.

El manejo honesto y profesional de la nómina educativa debe ser prioridad de la nueva administración educativa federal y de las estatales. Los ahorros obtenidos por la recentralización y la depuración de la nómina deben canalizarse a las mismas bolsas educativas locales. Sería un gran error continuar permitiendo la corrupción y el derroche y al mismo tiempo reducir el gasto en las niñas, niños, jóvenes, maestros y escuelas.

Fernando Ruiz Ruiz es investigador de Mexicanos Primero.

Twitter: @FRuiz_Ruiz

www.mexicanosprimero.org

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