Opinión

Transparencia presupuestaria

Nuevo producto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) -que con eficacia dirige Juan Pardinas-, el Índice de Información Presupuestal Estatal 2014. Hace unas semanas presentó el Informe sobre la Competitividad de las Ciudades Mexicanas. El tema de la transparencia ha sido abordado antes en el Estudio de Métrica de la Transparencia que elaboró el CIDE para los órganos garantes de la misma en las entidades federativas; desde hace varios años y de manera cotidiana, aregional elabora su propio informe.

El nuevo reporte del Imco analiza 100 criterios, agrupados en 10 categorías; trae información importante para analizar mejor la calidad del gasto público ejercido en las entidades federativas; de hecho, más de la mitad de los recursos transferidos a las mismas y a los municipios son recursos del gasto federalizado; la otra mitad, hasta llegar a 90 por ciento, son las transferencias no condicionadas, es decir, las participaciones que para fines prácticos son recursos propios y revisados por los congresos locales y sus órganos internos de control, las ASF (Auditoría Superior de la Federación) locales. Las áreas de mayor opacidad son las referentes a los servicios personales -la tentación en todos los órdenes, incluido el federal, es mucha-. Por ejemplo, los maestros comisionados; por supuesto, los fideicomisos que son como cajas negras del gasto público; los gastos de comunicación social; la contratación y el destino de la deuda pública, particularmente de las reestructuraciones; así como los subsidios donde hay un margen de discrecionalidad.

En el caso del gasto federalizado, fundamentalmente las aportaciones del Ramo 33 -incluyendo el FAEB y el FASSA-, los subsidios como el Seguro Popular y los convenios, en los cuales se presentan aun grandes espacios opacos, como se demuestra en el trabajo que permanente realiza la ASF, y que se puede apreciar en los informes de Resultados de las Cuentas Públicas.

Desde 2003, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas en la Secretaría de Hacienda empezó a elaborar el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales que se hizo hasta 2007, en donde destacaba el capítulo referente a la transparencia y la rendición de cuentas. Al respecto se observaban dos fenómenos: opacidad en lo general y pobre rendición de cuentas, principalmente en dos aspectos: los sueldos de los funcionarios públicos y los recursos transferidos a los municipios, que son puenteados en las finanzas estatales; los de algunos fondos no se reflejaban y de otros se desconocía su desglose.

Igual pasaba con las leyes de ingresos, entidades que no desglosaban la estimación de los recursos propios, como lo estimado en la recaudación del impuesto sobre nóminas, ni las participaciones, y venían las pagadas a los municipios, etcétera. Se adelantaron trabajos para lograr la homologación de la contabilidad gubernamental, esfuerzos que finalmente se ven reflejados en los grandes avances que existen hoy en materia de armonización de la contabilidad y la ambiciosa, pero necesaria, apuesta por la armonización de las cuentas públicas, que en diciembre del año pasado publicó la Conac, encabezada por Juan Manuel Alcocer.

De acuerdo al nuevo informe del Imco, el promedio de cumplimiento es de 65 por ciento, que representa un avance respecto a años anteriores. Por supuesto que hay asimetrías, esto es, entidades federativas que cumplen bien, y otras que no lo hacen.

Doce entidades rebasan el promedio de 65 por ciento. Destacan Puebla y Jalisco con 96 por ciento, Colima con 92, Sonora y Tlaxcala con 87 por ciento.

Desgraciadamente Michoacán está hasta el fondo, y cerca de éste, Guanajuato, BC. Q. Roo y Chiapas, todos con menos de 50 por ciento. Oaxaca presenta avances con 66 por ciento.