Opinión

Transformar, no administrar la educación

 Pablo Velázquez*
 
 

  

SEP. (Eladio Ortiz)

La reforma educativa fue la primer reforma de la actual administración. Después de años de debate, falta de consenso político y resistencia por grupos sindicales, fue publicada el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Un mes después, el presidente Peña expresaba con firmeza y convicción que “no venía a administrar, sino a transformar al país”. En los más de 760 días que han pasado desde ese día, la convicción se ha disipado y la firmeza no se nota ni en el gobierno federal ni en algunas entidades federativas.

Tal parece que el gobierno federal se rindió en transformar la situación educativa y se limita a administrar los problemas y las protestas. El secretario Chuayffet ha señalado que “la reforma no se consume con la promulgación, sino que es un proceso permanente”. Está en lo correcto. La reforma requiere de esfuerzos continuos, decididos y simultáneos. Requiere, por ejemplo, que los concursos de oposición y promoción se lleven a cabo de manera ordenada y que la asignación de plazas siga las listas de prelación. Esto no se ha hecho a nivel nacional. En Michoacán, 988 normalistas, que ni participaron en el concurso, fueron contratados de manera “temporal” el año pasado para que seis meses después, conforme a la Ley Federal del Trabajo, sus plazas se convirtieran en permanentes. Vaya manera de burlar la ley.

Tiene razón el secretario al decir que “es ingenuo creer que todo cambio se consume en un solo momento”. Por supuesto que no podemos dar por consumada la reforma porque todavía existen grandes pendientes. Si el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) estará basado en la información recolectada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos (CEMABE): ¿qué va a pasar con los más de 24 mil centros de trabajo en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz que no fueron censados? ¿Cómo toma decisiones la SEP respecto a las escuelas de estos estados si no conoce siquiera con exactitud cuántas personas trabajan en ellas ni cuántos alumnos asisten? Para tomar decisiones respecto a Oaxaca, ¿la SEP obedece a su sistema administrativo que le dice que tiene 48 mil docentes, o al Siged que le señala 67 mil, o a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que afirma que tiene 81 mil? ¿Hace falta un segundo CEMABE?

En las últimas semanas, la falta de convicción en la reforma viene de la Secretaría de Gobernación. El subsecretario Luis Enrique Miranda firmó acuerdos con la CNTE que explícitamente contravienen lo que la ley mandata. Por ejemplo, “ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas” (minuta de acuerdos del 5 de noviembre de 2013); éste viola la Ley General del Servicio Profesional Docente que establece que se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente para el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación. ¿De que nos sirve generar consensos, plasmar en la Constitución que el Estado debe garantizar el máximo logro de los educandos, si un funcionario federal se salta estos preceptos para no causar ruido político, para tener las cosas en calma? ¿Qué otros acuerdos se dieron en las 160 reuniones de las que no tenemos minuta? ¿Habrá consecuencias para este funcionario federal? ¿Quién defiende la reforma educativa del propio gobierno?

La reforma educativa es la más importante de las emprendidas por el presidente Peña. Todas las demás serán en vano si no invertimos en que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan una educación de calidad que apoye su máximo desarrollo. Para ello, hoy más que nunca tenemos que dejar la comodidad de administrar los problemas y asegurar la transformación del país.

* Investigador de Mexicanos Primero.

También te puede interesar:
Siete prácticas para el aprendizaje del inglés
¿El derecho a la educación no era ya un derecho constitucional?
Todos en la escuela