Opinión

Trabaja EU contra la corrupción en México

 
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Barack Obama

La corrupción en Guatemala y Honduras (y en México) la están combatiendo grupos internacionales. Durante su reciente visita a México, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en entrevista por escrito con el diario Reforma que a su gobierno le preocupa el mal Estado del derecho en nuestro país.

Los derechos humanos son una de las claves de la Iniciativa Mérida, dijo Biden, y “nos encontramos trabajando estrechamente con el gobierno mexicano y la sociedad civil mexicana para promover el Estado de derecho, la transparencia, la anticorrupción y la rendición de cuentas en cada nivel de la sociedad mexicana”.

Vaya intromisión de Washington, pero por ahora me importa destacar que la “estrecha” cooperación de las autoridades mexicanas no debe tener satisfecho al gobierno estadounidense, ya que según Biden, “queda mucho trabajo por hacer para fortalecer más el Estado de Derecho, las instituciones democráticas y la protección a los derechos humanos”.

Biden puede permitirse reprobar nuestro Estado de derecho y democracia porque el PRI y la 'izquierda' electoral mal simulan que ofenda su soberano 'nacionalismo'; lo que es probable es que hayan sentido alarma por el tono entre exigencia y advertencia del vicepresidente, tomando en cuenta lo que pasó en Guatemala y está pasando en otros países latinoamericanos.

La Iniciativa Mérida, firmada en diciembre de 2008, se ha ido actualizando. Originalmente se trataba de la guerra al narcotráfico en nuestro territorio. Luego se agregó la colaboración con Washington para dificultar el paso por la frontera de terroristas musulmanes, emigrantes mexicanos y centroamericanos, además de seguir combatiendo a narcotraficantes en México.

En el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Barack Obama elevó el rango de los derechos humanos, la impunidad y la corrupción en la agenda de la relación bilateral con el gobierno de Peña Nieto; y es que debe ser mucho lo que le cuesta a las inversiones y el comercio de Estados Unidos la descomposición institucional de varios países, y ha decidido tomar cartas en el asunto.

Ojo a lo que pasa en Guatemala; allá la corrupción se combate con la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue creada por acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco en enero de 2007.

En septiembre de 2015, el Poder Legislativo de ese país desaforó al presidente y general del Ejército, Otto Pérez Molina, para que el Poder judicial pudiera meterlo en la cárcel por corrupto.

Lo peculiar de la CICIG es que no se creó para emitir 'opiniones' que pudieran ser rechazadas o ignoradas, sino que fue implantada como parte del sistema jurídico; ¿la intervención de la Iniciativa Mérida sólo emite opiniones, o sus recomendaciones pretenden ser vinculatorias?

En la caída de Otto Pérez fueron determinantes, además de los procesos legislativo y judicial, las marchas públicas pidiendo su renuncia. La embajada de Estados Unidos en Guatemala apoyó (¿promovió?) acciones como esas y el retiro de apoyos al presidente de parte de secretarios del gobierno, legisladores y empresarios.

Apenas hace dos semanas se presentó en Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, auspiciada por la OEA para colaborar con fiscales y jueces, y relacionarse con la sociedad civil.

Por un lado es claro que la descomposición jurídica, política y social en nuestros países ya afecta intereses de negocios globales, pero por el otro queda el prurito de preguntarnos si la restauración del Estado de derecho sólo podrán intentar realizarla agentes extranjeros. ¿No hay de otra en el caso de México?

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