Opinión

"Too big to fail": ¿el caso de Slim?

Si en México existiera un Estado de derecho pleno, no condicionado por otros elementos políticos y económicos, estaríamos por ver en pocos días o semanas una resolución histórica del regulador de las telecomunicaciones mexicanas: la revocación del título de concesión de Telmex.

En estos tiempos inéditos, tal vez nos sorprendamos, pero casi le puedo asegurar que esa decisión no va a ser tomada por la autoridad.

Permítame elaborar ambas afirmaciones.

El 10 de agosto de 1990, en el contexto del proceso de privatización de Telmex se publicó el título de concesión de Telmex modificado, sobre el cual se realizó la subasta.

El 9 de diciembre de ese año el gobierno reveló que el grupo encabezado por Slim ofreció más que nadie por la empresa.

El numeral 1.9 de ese título de concesión (sobre el cuál se realizó la subasta) establece los siguientes términos:

Telmex no podrá explotar, directa o indirectamente, ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país”.

Le subrayo el concepto de “indirectamente”. Si el título se refiriera exclusivamente a una empresa que fuera expresamente propiedad de Telmex, no hubiera sido necesario el adverbio “indirectamente”.

Si usted acude a un diccionario de sinónimos se encuentra que indirectamente se equipara con veladamente, disimuladamente, secretamente.

El hecho de que ayer, tanto empresas como políticos le hayan demandado al Instituto Federal de las Telecomunicaciones investigar el contenido real y no solamente formal de la relación entre Telmex y Dish, deriva justamente de que la prohibición que tiene Telmex en su título de concesión también alcanza la explotación indirecta (velada, disimulada, secreta) de servicios de televisión.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estableció en su artículo 28 que la revocación de concesiones será una de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El inciso IV del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones –aún vigente- establece que una de las causales de revocación de la concesión es el siguiente:

No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidos en los títulos de concesión o en los permisos”.

La línea de razonamiento es que al margen de que Telmex no tenga participación formal en el capital social de Dish, los documentos dados a conocer por El Financiero establecen con claridad que hay elementos para presumir que a través de Dish, Telmex explota indirectamente un servicio de televisión, entonces se cumple con una condición necesaria para proceder a la revocación de la concesión.

El Instituto debería resolver lo que establece la ley y abrir el procedimiento para hacer esa revocación.

Si la ley se aplicara de manera clara y directa, esto es lo que estaríamos presenciando en los próximos días.

Sin embargo, en economía hay un término para referirse a empresas que parecen estar por encima de la ley: “too big to fail”.

La referencia es para los bancos y sus bancarrotas. Hay bancos que el gobierno o los bancos centrales no pueden dejar quebrar por el riesgo sistémico que representaría el hecho.

Creo que ese principio es un símil de lo que va a aplicar la autoridad en este caso.

Un análisis profundo de los contratos celebrados entre Telmex y Dish no puede sino llegar a la conclusión de que hay una explotación indirecta. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que se va a proceder a aplicar alguna otra sanción, como la declaración de dominancia que va a impedir a Dish disfrutar de la gratuidad del “must carry, must offer”, pues el gobierno no va a considerar prudente enfrentarse al segundo hombre más rico del mundo al punto de revocar la concesión.

Ojalá me equivoque y viéramos que en México, la aplicación de la ley ya no distingue si hay poder económico, político o no.

Pero, creo que el regulador va a concluir que Slim es “too big to fail”.

Twitter: @E_Q_