Opinión

Tlatlaya, ¿nos sorprende realmente?

Semanas de opiniones encontradas sobre lo que sucedió en un enfrentamiento el 30 de junio pasado en Tlatlaya, un municipio en Tierra Caliente en el Estado de México donde murieron 23 personas al enfrentar al Ejército, fueron sepultadas por varias fotografías difundidas por la agencia mexiquense MTV, donde se aprecia que varias de las personas abatidas por la tropa están en posiciones que no parecen mostrar el final de un choque armado, sino de una escena pensada con fines de propaganda. La versión que eran miembros de la delincuencia organizada que cayeron en una acción de guerra, está en entredicho.

Las fotografías dieron carta de legitimidad a dos testimonios que señalan que 22 de esas personas fueron asesinadas tras rendirse. Los testimonios movilizaron a activistas de derechos humanos en Estados Unidos, y provocaron una declaración del Departamento de Estado. Preguntas al presidente Enrique Peña Nieto en Nueva York sobre el tema cambiaron el metabolismo gubernamental. La reacción inmediata: un oficial y siete soldados del Batallón 102 de Infantería, que opera en Tierra Caliente, fueron puestos a disposición de la justicia militar el jueves, que investigará los hechos.

Se agradece el fin del cinismo del Ejecutivo. El presidente Peña Nieto no quiere ser acusado de violación de derechos humanos como su antecesor Felipe Calderón. El secretario de la Defensa, general Roberto Cienfuegos, tampoco, a decir por su posición que es prioridad del Ejército proteger a la población. Cuando menos hasta este momento, la retórica es positiva. Pero sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas, ¿alguien que recuerde qué hicieron durante los años de guerra contra el narcotráfico se puede decir sorprendido?

En el sexenio pasado hubo excesos que nunca fueron debatidos, menos aún castigados. Dos de las operaciones de mayor impacto en la guerra contra el narcotráfico fueron las realizadas por comandos de elite de la Marina contra Arturo Beltrán Leyva y Ezequiel Cárdenas Guillén, líderes de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y del Golfo, que dejaron la duda si el fin era realmente ejecutarlos. Beltrán Leyva quedó tendido en un pasillo con disparos en la cabeza a corta distancia –en un punto donde no hubo fuego cruzado–, mientras que la bodega en la que se escondía Cárdenas Guillén fue demolida con fusiles de asalto y granadas.

Hay testimonios de acciones militares contra presuntos narcotraficantes a quienes después de acosarlos por aire los ejecutaron en tierra. Hubo operaciones –sobre todo de marinos–, con la lógica explícita de no tomar prisioneros. Hay imágenes en periódicos y televisoras de sicarios detenidos por militares que aparecieron muertos días después. Si en una de las reuniones del gabinete de seguridad de mitad del sexenio de Calderón, uno de los secretarios sugirió aniquilar a todos los jefes del narcotráfico, ¿de qué nos sorprendemos?

Tlatlaya es un recordatorio de lo mucho que aún no sabemos de la operación y los controles que hay dentro de las Fuerzas Armadas. De esto no pueden ser ajenos en conocimiento el general Cienfuegos, que fue oficial mayor en la Secretaría de la Defensa en la última parte de la administración pasada, y menos aún el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina, que fue secretario particular del anterior titular. No se puede caracterizar como una política de Estado esas acciones extrajudiciales, pero se avalaron.

¿Fue la operación en Tlatlaya resultado de esa inercia extrajudicial? Se puede alegar que el Batallón 102 se comportó sobre las líneas generales de los últimos años, y no es el primer caso en donde se involucra en acciones que rozan los linderos de la ilegalidad. Pero hay un vaso comunicante en esas acciones que inquieta y no puede dejar de considerarse. Ese vínculo es Arcelia, Guerrero.

Arcelia es uno de los principales focos criminales en Tierra Caliente, y parte de la zona de operación del Batallón 102. En diciembre pasado, al atravesarse con varios automóviles en un camino rural, sus soldados dispararon por razones poco claras sobre el grupo y mataron a cuatro, incluidos dos funcionarios municipales. De Arcelia salieron las bandas de secuestradores que recientemente asolaron Valle de Bravo, y sobre las que hay un operativo para capturarlos. De Arcelia era un número aún no precisado de personas que murieron en el enfrentamiento del 30 de junio pasado.

Tlatlaya parece una extensión de las operaciones en curso en Arcelia. Ayudaría a explicar lo que sucedió en el Estado de México, pero nunca como se procedió. Es la historia de nunca acabar. Las autoridades militares tienen detenidos a los militares por violaciones a los procedimientos, pero todavía no empiezan a investigar si también a los derechos humanos. El caso está abierto y con gran atención pública.

Lo que hizo el Batallón 102 no es algo que no se hubiera dado antes, cuando el exterminio de un jefe criminal y toda su familia era mensaje de escarmiento. Los tiempos han cambiado. Ahora no hubo margen de tolerancia, ni aval. Pudo no ser una acción con las que estén ideológicamente comprometidos los militares, pero la realidad los pone en un derrotero diferente. Los militares quedaron exhibidos ante la opinión pública en México y el mundo. Ante ellos, se convirtieron en la gangrena de un Estado que tiene prisa por impedir que le corra por el cuerpo. Este gobierno no podía permitírselo. Obligado o no, tuvo que actuar en consecuencia.

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