Opinión

Tiempo de pagar por sobornar

Desapercibido por la mayoría de los mexicanos, el 24 de octubre del año pasado la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC), emitió un boletín donde notificaba que la multinacional Stryker, una de las empresas líderes en tecnología médica en el mundo, reconoció haber pagado sobornos a funcionarios del ISSSTE durante la administración de Miguel Ángel Yunes, que le permitieron ganar ilícitamente 2.1 millones de dólares. Para evitar demandas penales, la compañía le pagó al gobierno de Estados Unidos más de 13 millones de dólares. El asunto quedó zanjado. Allá, no en México.

El caso de Stryker no es el único de corrupción en México en el cual estuvieran involucradas multinacionales estadounidenses. En los últimos cuatro años, la SEC acusó a ocho empresas de sobornar a funcionarios mexicanos para obtener contratos militares, petroleros, eléctricos, en el sector alimentario, médico, y para la obtención de permisos para abrir tiendas minoristas, por lo que han pagado millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para que sus ejecutivos no pisen la cárcel, y destinado otros millones para el pago de indemnizaciones en México. Sin embargo, en el caso de Stryker, las cosas no han marchado por ese camino.

La SEC acusó a Stryker de haber pagado a funcionarios de México, Argentina, Grecia, Polonia y Rumania 2.2 millones de dólares de sobornos entre agosto de 2003 y febrero de 2008, que la multinacional registró en sus libros como consultorías legítimas y contratos de servicio, gastos de viajes, donaciones filantrópicas y comisiones, “cuando de hecho los pagos eran realizados para obtener negocios o retenerlos”. Por eso, añadió la SEC, alrededor de 7.5 millones de dólares en ganancias ilícitas, resultaron de esos pagos efectuados durante lo que describió como “un periodo relevante”.

Stryker tiene su cuartel general en Kalamazoo, Michigan, y tiene una amplia gama de productos médicos que vende a través de subsidiarias y mediante intermediarios y distribuidores locales. En 2008 tuvo ventas por seis mil 700 millones de dólares, de las cuales 36 por ciento se dieron fuera de Estados Unidos. Aunque la multinacional tiene políticas corporativas y directivas instrumentadas por los gerentes regionales en cada país, operan en una forma descentralizada donde el gerente local tiene la responsabilidad primaria del negocio. Las fallas en sus sistemas de supervisión y cumplimiento de sus normas, como sucedió con Citi en el caso de Oceanografía, abrieron la puerta de la corrupción estadounidense en el mundo.

De acuerdo con la SEC, entre marzo de 2004 y enero de 2007 la subsidiaria de Stryker en México –de la que tiene el 100 por ciento de las acciones– hizo tres pagos a funcionarios de gobierno que proveen seguridad social a los empleados de gobierno, a fin de ganar las licitaciones para sus productos médicos, de donde obtuvo 2.1 millones de dólares en ganancias como resultado de los sobornos. La SEC no identifica por nombre la institución mexicana, pero de acuerdo con su descripción y funcionarios del gobierno actual, se trata del ISSSTE. El “periodo relevante” de sus ilegalidades, por tanto, se dio durante la dirección de Miguel Ángel Yunes.

En el documento de la SEC se mencionó que los pagos se dieron a través de terceros, y que hubo ocasiones donde se tuvieron que efectuar por chantajes de los funcionarios. Un caso fue en enero de 2006, cuando un ejecutivo del ISSSTE amenazó con revocar una licitación que había ganado Stryker, a menos que le pagaran un soborno. La multinacional contrató a un despacho de abogados, que no menciona, para realizar la operación ilícita, darle 46 mil dólares, y mantener el contrato. De esa operación, Stryker obtuvo ganancias por más de 1.1 millones de dólares. Por otro soborno de 34 mil dólares, consiguió uno más que le dio a ganar un millón de dólares. Es decir, los 2.1 millones de ganancias ilícitas, tuvieron un costo para la empresa de 80 mil dólares.

Stryker se declaró culpable en octubre, y la SEC le cobró la multa de 13 millones de dólares y liberó a sus ejecutivos de ir a la cárcel. En el caso de Stryker en México, donde compraron favores, ganaron dinero y salieron impunes, Stryker no ha pagado ninguna indemnización al gobierno mexicano o al ISSSTE, de acuerdo con funcionarios federales. Tampoco hay registro de castigo a sus ejecutivos deshonestos, o de consecuencias al interior de la paraestatal. El ISSSTE tiene todo el derecho de pedir indemnización a la multinacional y dar vista a la PGR para que investigue qué sucedió en aquel “periodo relevante” de corrupción. Lo que no debe seguir permitiéndose es la impunidad de empresas como Stryker, que son atrapadas en actividades ilegales y que lejos de pagar por los delitos que cometieron se les siguieron otorgando contratos.