Opinión

Terrorismo en México

Los mexicanos no hicieron su trabajo. Punto. Había una infiltración de terroristas de la Yihad que no atendió el gobierno mexicano. Punto. Si no le creen, pues es su problema. Punto. Pero no será de él. Por estas razones, alega, el gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó el desplazamiento de mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México para frenar la inmigración indocumentada, con lo que entró en una indómita polémica con el presidente Enrique Peña Nieto y la Casa Blanca que rechazan su aseveración, y abrió la puerta a presiones para México el próximo año, durante la campaña presidencial en Estados Unidos.

La Yihad es cosa seria. Bajo la jurisprudencia islámica clásica es la única forma de guerra permitida, y sus combatientes se han convertido en la primera línea de fuego del radicalismo islámico. No hay país con conciencia sobre el fenómeno del terrorismo –México no es uno de ellos– que no vea a los grupos yihadistas con atención. En Estados Unidos, principal enemigo del terrorismo fundamentalista, hay una creciente preocupación en la sociedad –seis de cada 10 así lo dicen– por la forma como está creciendo en el mundo. Una encuesta del Pew Research Center reveló que los estadounidenses cada vez se inclinan más por la seguridad que por mantener las libertades civiles en las políticas contra el terrorismo.

La regresión democrática en Estados Unidos –sacrificar valores democráticos por sentirse tranquilos– y la tendencia a que se olvide el gobierno de una reforma migratoria y regrese a tratar la inmigración en una forma criminal aumentada, ayuda a entender la posición de Perry. El canciller mexicano José Antonio Meade lo leyó correctamente. Al responder preguntas de la prensa la semana pasada, sugirió que el gobernador tenía una agenda político-electoral. Perry aspira a la candidatura presidencial republicana el próximo año y está preparando el inicio de su campaña en enero. El envío de la Guardia Nacional a la frontera le dio 10 puntos en las encuestas de preferencia electoral y empató con el puntero republicano en la contienda, Jeb Bush, hijo de un expresidente y hermano de otro.

Pero sería reduccionista ver a Perry como un personaje aislado en estos temas. Es el menos circunspecto, pero forma parte de un bloque poderoso. La afirmación de que México se está convirtiendo en un territorio de fácil acceso a los guerreros de la Yihad fue planteada de manera muy elocuente el 29 de agosto pasado en el boletín de Judicial Watch, que es una organización no gubernamental ultra conservadora, financiada por el multimillonario Richard Mellon Scaife –heredero de una fortuna bancaria y petrolera–, que afirmó que terroristas islámicos ya estaban en Ciudad Juárez planeando un ataque con bombas en Estados Unidos.

Para dar verosimilitud al reporte, añadió que Fort Bliss, el principal fuerte del Ejército de Estados Unidos en la frontera con México, a unos 20 minutos de El Paso, Texas, había sido puesto en alerta tras conocer esos informes.

No sucedió nada, pero siguió avanzando la onda conservadora de la alerta. Perry la llevó al plano nacional y su palabra ha sido tan poderosa, que las negativas de los gobiernos de Estados Unidos y México no le han quitado espacio a su voz. No es que el gobernador sea una figura cuyo peso supere al de dos gobiernos. Lo que es tremendamente poderoso es la idea de que los terroristas se encuentran en México, algo que dejó de ser una versión de los más salvajes y radicales, para ser un asunto de las salas en las casas estadounidenses.

Desde 2012, los medios más conservadores en Estados Unidos han ido construyendo esa historia. Por ejemplo, el David Horowitz Freedom Center, fundado por el ultra conservador David Horowitz, lo más cercano hoy en día al furibundo anticomunista exsenador Joseph McCarthy, socializó dos informaciones de la prensa reaccionaria en Estados Unidos en su revista electrónica FrontPage Mag en mayo de ese año publicadas por el Daily News, el tabloide escandaloso neoyorquino de Rupert Murdoch –tiene la quinta circulación más grande en ese país–, y por The Washington Times, muy cercano a los círculos de inteligencia en la capital federal. Los medios afirmaban –con diferentes fuentes– que Hezbolá, el partido político palestino considerado como grupo terrorista por Washington, operaba en Tijuana y con la ayuda del dinero de Irán, había establecido una relación con los cárteles de la droga mexicanos para el tráfico humano.

La infiltración de terroristas en México que alega Perry puede ser falsa, pero lo que es una realidad es la incubación de esa idea en el electorado estadounidense. Este es el tema por el que el gobierno de México debe estar alerta. Perry está leyendo encuestas como la del Pew Center, donde la mano dura y medidas criminales en términos de seguridad están por encima de cualquier enfoque humanitario al tema de la inmigración.

Las medidas extremas están teniendo una creciente clientela electoral en una parte de los votantes. Perry pudo haberse adelantado a lo que vienen en las campañas, y dibujar que México, una vez más como país institucionalmente débil, policías corruptas e incapaz en términos de garantizar seguridad interna y bilateral, será uno de los caballos de batalla de los candidatos presidenciales que buscarán la Casa Blanca en 2016.

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