Opinión

Telecom: ¿y los consumidores?

Pareciera que el aspecto más relevante en la discusión de las leyes secundarias en telecomunicaciones fuera si la preponderancia es por sector o por servicio, y no todas las medidas que debe contener la legislación para garantizar que los consumidores de servicios de telecomunicaciones paguemos menos y recibamos más calidad.

El grupo de Carlos Slim, que ha sido la mano que mece la cuna en la polémica que han levantado el PRD y un grupo del PAN, ha sido exitoso en la medida en que ha logrado que el foco de la discusión no sea de temas tales como el plazo de la eliminación del cobro de Larga Distancia Nacional; el asunto de la tarifa cero en el costo de la interconexión para terminación de llamadas en la red de operador dominante, o la eliminación del “efecto club” que permite al operador preponderante en celular, excluir a los competidores, entre otros temas.

El pasado 11 de junio, le comentaba en este espacio que por cada día de retraso en la instrumentación de medidas para incentivar la competencia en las telecomunicaciones –de acuerdo con los datos de la OCDE– los usuarios pagamos 62 millones de dólares, que en su mayor parte van a dar al operador dominante de ese sector, es decir, a América Móvil.

Mientras el debate de la preponderancia ocurre, Slim se sacó de su bolsillo el viernes pasado 5 mil 900 millones de dólares para comprarle a AT&T el 8.3 por ciento de su participación en la empresa telefónica.

No nos engañemos, lo que hay detrás del debate de la preponderancia no es la preocupación por los consumidores sino una agenda de los partidos políticos.

Aun suponiendo que tienen razón quienes demandan que la preponderancia se fije en la ley por servicio y no por sector, pues entonces equivocaron el procedimiento porque lo que tendrían que pedir es una reforma constitucional.

La fracción tercera del artículo octavo transitorio del decreto que reformó la Constitución en esta materia dice lo siguiente:

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales”.

Esa redacción fue aprobada por el voto favorable de 409 diputados en abril del año pasado. Ninguno del PAN votó en contra. Del PRD, votaron a favor 68, incluyendo todos los que han cuestionado ahora. En el Senado, la votación fue todavía más contundente, pues fueron 108 a favor y sólo 3 en contra, ninguno del PAN ni del PRD.

El IFT cumplió con su mandato constitucional el pasado 8 de marzo e hizo las declaratorias de preponderancia en los dos sectores señalados: radiodifusión y telecomunicaciones. No tuvo que interpretar la Constitución sino simplemente tomar el texto.

Por cierto, ¿no sería bueno que en lugar de proyectos políticos y negocios a futuro, los legisladores pensaran en los consumidores?

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