Opinión

Tanhuato y las elecciones
en Michoacán

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Enfrentamiento Tanhuato Michoacán (Cuartoscuro)

La carrera por el Solio de Ocampo –es decir, la gubernatura de Michoacán– se anuncia cerrada. En la más reciente encuesta publicada por EL FINANCIERO había un empate técnico entre los tres candidatos punteros. Como suele ocurrir en política cuando la competencia es dura, han predominado las acusaciones. De acuerdo a una nota publicada en Reporte Índigo, en los equipos de campaña de cada uno de los tres principales contendientes hay una “brigada” dedicada a escarbar en el pasado con el propósito de identificar indicios de colusión con el crimen organizado. Estas brigadas han sido las responsables de ventilar las imágenes y rumores que han dominado las últimas semanas de la campaña.

Aunque ninguno de los ataques constituye evidencia contundente sobre la colusión de los candidatos, todos siembran dudas. De José Ascención Orihuela, el candidato del PRI, se dice que ha invitado a su equipo de campaña a personas vinculadas a Nazario Moreno, El Chayo, quien fuera líder de Los Caballeros Templarios. En un video difundido hace algunos días, un grupo de hombres armados y encapuchados llamaron a “declarar la guerra” al candidato del PRI. En su mensaje, recriminaban a otro de los líderes del movimiento, Estanislao Beltrán (también conocido como Papá Pitufo), haberlos traicionado al dar su apoyo a Chon Orihuela.

De Silvano Aureoles, abanderado del PRD, se exhibió una fotografía en la que aparece besando en la mejilla a una mujer, de quien la prensa dijo que tiene vínculos con una célula de secuestradores. El PRI también ha acusado a Aureoles de haber recibido dos millones de dólares de Los Caballeros Templarios cuando fue candidato a la gubernatura en 2011. Finalmente, apareció un video en el que La Tuta señala que Cocoa Calderón, la candidata del PAN, negoció con él el pago del rescate de un familiar secuestrado.

Nada bueno augura para los michoacanos este giro en la contienda electoral. Tras años de abusos cometidos por Los Caballeros Templarios y sus cómplices –dentro y fuera de los ayuntamientos y del gobierno estatal– Michoacán necesita un gobierno con amplio respaldo público, que pueda abonar a la impartición de justicia y a avanzar hacia la eventual reconstrucción de la paz. La auscultación periodística, el debate público y, en su caso, la presentación de denuncias sobre vínculos criminales de los aspirantes a puestos de elección popular son inevitables en contextos como el michoacano. Sin embargo es muy grave que este proceso tenga lugar a pocas semanas de las elecciones, cuando los partidos políticos ya no tienen posibilidades de recapacitar sobre sus nominaciones.

Por otra parte, el enfrentamiento registrado en Tanhuato el pasado viernes, en el que murieron 43 personas, ensombrece aún más el difícil contexto en el que tendrán lugar los comicios en Michoacán. El tiroteo ocurrió apenas unos días después de que fuera asesinado Enrique Hernández, el candidato por Morena a la alcaldía del municipio vecino de Yurécuaro. Sin embargo, los hechos preocupan principalmente porque remiten a otros casos en los que se sospecha o se ha confirmado que las autoridades llevaron a cabo ejecuciones extra judiciales, en particular el caso Tlatlaya.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, ya informó que el enfrentamiento ocurrió en el marco del operativo en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que las muertes se produjeron como resultado de un tiroteo que se prolongó por tres horas. Sin embargo, la letalidad del enfrentamiento y la disparidad en el número de bajas inevitablemente levantan sospechas. El propio comisionado Rubido reportó 42 civiles abatidos, contra sólo tres detenidos. Por el lado de las autoridades se confirmó la muerte de un elemento de la Policía Federal.

Las horas que siguen a un enfrentamiento son críticas para la investigación de los hechos. Es ahí cuando los testigos pueden ser silenciados y cuando se altera la escena del crimen. Esta es la hipótesis que se sostiene en la recomendación 51/2014, en la que CNDH concluyó que 15 de los 22 civiles que murieron en Tlatlaya fueron ejecutados por elementos de Sedena. En dicha recomendación se reconstruye la ejecución por parte de elementos militares de personas que ya habían sido sometidas. También se describe cómo elementos de la PGJ del Estado de México torturaron a los sobrevivientes para que suscribieran en sus declaraciones la versión oficial de que las bajas habían ocurrido como resultado de un enfrentamiento. Por ello, dentro de la tragedia, es una señal positiva que el mismo viernes el gabinete de seguridad nacional se haya desplazado a Michoacán, y que de forma simultánea la CNDH iniciara una investigación de oficio y enviara visitadores a la zona (se advierte, al menos, un aprendizaje).

Esperemos que en esta ocasión la versión oficial se sostenga, y que Tanhuato no se sume al historial negro de ejecuciones extrajudiciales del Estado mexicano. La próxima semana escribiré sobre los candidatos a la gubernatura de Guerrero.

Twitter: @laloguerrero

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