Opinión

Suspendan las elecciones

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En Guerrero hay dos distritos con 'focos rojos' rumbo al proceso electoral del próximo 7 de junio. (Archivo/Cuartoscuro)

La turbulencia social y política en Guerrero lleva a una conclusión: hay que suspender las elecciones estatales el 7 de junio. No hay condiciones para realizarlas, ni en la logística electoral ni de seguridad para los candidatos. Está ausente un clima de estabilidad que permita que los órganos electorales hagan su trabajo, y el encono es galopante. Los climas de inestabilidad, como el de Guerrero, invitan a la violencia. Ya está ahí con la mirada puesta en las elecciones de verano. Este miércoles encontraron sin vida a Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, que fue secuestrada el lunes cuando realizaba una reunión de precampaña.

Asesinatos políticos y vinculación de políticos con el crimen organizado han marcado el último año en Guerrero. La falta de una acción decisiva y terminante en contra de los caciques relacionados a crímenes ha provocado la externalidad mortal que se vive en el estado, y dejado a las autoridades electorales sin saber qué hacer. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, se revuelve en contradicciones que lo dibujan atolondrado. El 12 de diciembre pasado dijo que sí habría elecciones en Guerrero; el 16 de enero reconoció que no había condiciones logísticas y de seguridad para celebrarlas; el 6 de febrero dijo que siempre sí habría elecciones.

Eso no es posible. El reclutamiento que hizo a finales de diciembre de funcionarios electorales fue un fracaso. En casi 30 por ciento de los distritos no consiguió funcionarios de casilla para la elección, por lo que no se podrán instalar casillas ni urnas. La anulación de una elección se produce cuando no se puede instalar el 20 por ciento de las casillas electorales. Las autoridades electorales estiman que en dos de los ocho distritos no podría haber elecciones hoy en día, y el miércoles la presidenta del Consejo Distrital 7, Leonor Vélez, identificó a Chilpancingo y Tixtla como los municipios sin posibilidades de tener elección.

Los dos municipios tuvieron una votación de aproximadamente 9.0 por ciento del total de votos en la anterior elección de gobernador, pero Chilpancingo, que significa 8.0 por ciento del voto estatal, junto con Acapulco, que representa alrededor de 12 por ciento, son los municipios donde no se pudieron reclutar funcionarios electorales. Son, asimismo, donde la disidencia magisterial –la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrerense– se moviliza y realiza actos de violencia para descarrilar la elección, sin que haya autoridad federal o estatal –que es ornamental–, que la frene.

El gobernador interino Rogelio Ortega es un títere de las circunstancias, y el gobierno federal ha tirado millones de pesos para comprar permiso a la CETEG para realizar las elecciones. Para efectos prácticos, le dio financiamiento de facto para descarrilar la elección, porque lo único que lo impediría, hasta ahora, es que se derogue la reforma educativa. Héctor Duarte, un politólogo, reveló en la revista digital Paradigmas el 27 de febrero que la partida de sueldos a los maestros de Guerrero había alcanzado niveles superiores a 500 por ciento de los recursos que recauda el estado. “Los maestros… como otros grupos han asimilado que la movilización y las afectaciones a terceros son las mejores formas de obtener concesiones del gobierno y que la inconformidad que provoca una tragedia como la de Ayotzinapa puede ser utilizada para conseguir réditos políticos y económicos”, escribió.

La CETEG fue financiada y construida como parte, uno supondría ante la falta de explicación racional en otro sentido, de una estrategia del presidente Enrique Peña Nieto tras la detención de la líder magisterial Elba Esther Gordillo. Pero la experiencia de sus dirigentes engulló a los operadores políticos presidenciales y se convirtió en su Némesis. Errores tácticos desmoronaron cualquier estrategia. No fue la única. Tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, no sólo la inacción del gobierno federal agudizó el conflicto, sino la protección que durante casi un mes le dio al entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre.

Para cuando fue obligado a renunciar, ya no tuvo efecto alguno. Su salida no resolvía los problemas en Guerrero, pero ante el vacío de poder que generaba paradójicamente, su permanencia en el poder, se habría impedido que los enemigos de Peña Nieto articularan la campaña de ingobernabilidad. Hace un mes, el gobierno federal comenzó la persecución de Aguirre y detuvo a familiares y empresarios cercanos por presuntos delitos de corrupción. Este martes capturó a Víctor Aguirre Garzón, líder del Cártel Independiente de Acapulco, a quien las autoridades federales identificaron, por primera vez, como primo del gobernador. Es decir, le calientan el entorno a Aguirre, pero aún no se atreven a tocarlo.

Ante el escenario de la cancelación de las elecciones, tendría que haber dos caminos. Proceder legalmente contra Aguirre –existe la documentación en la PGR– y cancelar las elecciones. El primer mensaje sería que nadie es impune, aun si es amigo del presidente. El segundo desvincularía a Guerrero del resto de los procesos electorales en el país y evitaría que los contamine. Se patearía la elección para meses después y rompería el gobierno el chantaje al que lo trae sometido la CETEG. Aguirre en la cárcel sería la señal a los políticos de que no más Guerreros e Igualas toleradas.

Estas acciones radicales no resuelven los problemas torales del estado, pero abren el espacio para buscar las soluciones de fondo que ante la problemática coyuntural, se dejaron de lado.

Twitter: @rivapa

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