Opinión

Opinión sobre reformas al Código de Justicia Militar

  

Con la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, éstas han sido sujetas a una acuciosa vigilancia en su actuar por parte de diferentes organismos y organizaciones tanto nacionales como internacionales, lo cual desató una serie de críticas que lo volvieron ya un caso polémico, resultando entre otras medidas la necesidad de adecuar la legislación militar a las nuevas circunstancias que vive el país.

Y es así que el pasado 24 de abril, el Senado en pleno aprobó la reforma a los artículos 47, 57, 153, 154, 434 y 435 del Código de Justicia Militar y adicionó los Artículos 49 Bis, 337 Bis y Transitorio Quinto del citado Código.

En el mismo sentido, el 30 de abril se anunció en algunos medios la aprobación de la Cámara de Diputados respecto a dichas reformas.

Lo que llama la atención es que nuestros legisladores, al aprobar estas reformas algunos medios las anunciaran en términos como “… limitar el fuero militar…" y "… acotar el fuero militar…”, dando la impresión de abuso, o bien, que los propios militares a modo hubieran redactado el texto hasta hoy vigente.

El actual Código, tan vilipendiado en los últimos tiempos, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1933, siendo presidente substituto constitucional de la República Abelardo L. Rodríguez en uso de la facultad que fue conferida al Ejecutivo Federal, por el H. Congreso de la Unión, según decreto del 28 de diciembre de 1932.

Desde luego que, a través de su historia, este importante instrumento jurídico que rige la vida militar ha tenido actualizaciones como fue en su momento eliminar de él la pena de muerte. De tal manera que resulta sumamente necesario mantener una constante revisión de nuestra legislación castrense para marchar de la mano con las políticas del Estado Mexicano establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Programas Sectoriales de nuestras Fuerzas Armadas.

Realmente con estas reformas se trata de armonizar el Código de Justicia Militar con estándares internacionales y lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, así como Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel (campesinos ecologistas), y resolutivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y múltiples recomendaciones al Estado Mexicano de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellas el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la tortura y los Relatores Especiales sobre la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.

Sin embargo, la reforma primordial que nos atañe es la del artículo 57 del citado Código, que ya modificado establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales civiles, cuando cometan delitos del fuero federal y común que afecten a la población y no únicamente en casos de violaciones a los derechos humanos y a la desaparición forzada.

Se incluye la creación de jueces de sentencia, quienes estarán facultados para aplicar atenuantes en estos casos, a partir del principio de inocencia y no del de culpabilidad, así a los militares juzgados por tribunales civiles se les podrá otorgar el beneficio de la reducción de sentencia (no contemplada en el Código), serán sujetos de indulto del Ejecutivo; una vez rehabilitados y cumplida su sentencia se podrán reincorporar a las actividades militares cuando corresponda.

Como cité anteriormente, se trata de actualizar y armonizar una legislación antigua y eliminar la incompatibilidad que hoy se tiene del artículo 57 fracción II del multicitado Código con lo establecido en el artículo 13 constitucional, interpretado de manera conforme a los artículos 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo se están atendiendo las recomendaciones que diversos organismos nacionales e internacionales han hecho al Estado Mexicano y que se encuentra comprometido a observarlas debido a los compromisos ya firmados y pactado con ellos.

Celebremos que los legisladores hagan su trabajo y que paso a paso avancemos hacia la actualización de nuestras leyes; pero sin dar la impresión mediática de que las Fuerzas Armadas, en la cruenta lucha que hoy dan en el cumplimiento de sus misiones, cometen un sistemático abuso en perjuicio de la población a la que se deben.

*General de División, Diplomado del Estado Mayor, Retirado.