Opinión

Sobre los magistrados electorales y el perdón de AMLO

 
1
 

 

Andrés Manuel López Obrador

El proceso de renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la decisión más relevante que tomará el Senado de la República en los próximos meses. La de 2018 se anticipa como la elección más compleja y quizá conflictiva de la historia moderna –muy probablemente más que la de 2006– y ello requiere enorme solidez jurídica y emocional de los nuevos jueces electorales. En los últimos años los temas han crecido en número y complejidad: los asuntos que llegan a la Sala Superior pasaron de 2 mil 935 en 2006 a 9 mil 3 en 2015. Asimismo, la complejidad es enorme: involucra temas como actos anticipados de campaña –un galimatías de difícil interpretación y sanción–, un nuevo sistema de nulidades inoperable porque se base en conductas para las cuales difícilmente hay pruebas –por ejemplo, el rebase de topes de campaña o la adquisición de cobertura informativa–, así como temas tales como el esquema de financiamiento a partidos, las candidaturas independientes, la fiscalización de los procesos electorales y el modelo de comunicación.

López Obrador ha descalificado ya a las dos generaciones de magistrados (1996-2006 y la actual) y lo hará con los nuevos a quienes llamará, seguramente, “achichincles de la mafia del poder”. Por ello su imparcialidad y solidez como juzgadores serán un resorte de legitimidad política para 2018. A diferencia de sus antecesores, los nuevos magistrados no tendrán curva de aprendizaje: solamente un año antes de iniciar con el proceso electoral, mientras que quienes calificaron la elección de 2000 tuvieron más de tres años (fueron seleccionados en 1996) y 10 años para la compleja elección de 2006. Los que salen –quienes calificaron la de 2012– tuvieron más de cinco años.

Los nuevos magistrados llegarán además a descifrar numerosas sentencias que han causado divergencias entre las decisiones del INE y las sentencias del Tribunal Electoral. Y tendrán que aplicar una legislación abultada que es una de las causas centrales de tantas interpretaciones y tanta litigiosidad.

Una de las vías para fortalecer la imparcialidad de los magistrados electorales es quitar la tentación de aspirar a ser ministros de la Corte mientras duran en el cargo y aun tiempo después de concluir su periodo.

Ser magistrado electoral debería ser un cargo terminal dentro del Poder Judicial, o bien, no debe ser un trampolín para brincar a la Corte porque ello puede implicar juzgar con una ojo en la ley y otro en la simpatía de los partidos políticos que eligen, a través del Senado, a los ministros.

Una buena medida para ello sería prohibir, antes de designar a los magistrados electorales, que un requisito de quienes aspiran a la Corte sea no ser o haber sido magistrado electoral. Sería una magnífica señal que fortalecería la credibilidad del TEPJF.

Finalmente, bien haría el Senado en definir, ex ante, el perfil ideal de la Sala Superior del Tribunal Electoral: primero, qué define a un buen juzgador electoral y, segundo, cuál es el balance apropiado entre jueces de carrera, funcionarios de los tribunales electorales y analistas, expertos o académicos. Definir el perfil individual y colectivo de la Sala Superior del TEPJF antes de definir sus nombres puede contener los ánimos de cuotas que siempre invaden las decisiones del Congreso en órganos colectivos.

***

Hace dos semanas López Obrador ofreció amnistía y perdón a los integrantes del “grupo en el poder”. Dijo en Acapulco: “les decimos […] que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la Nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie”.

Es incongruente prometer acabar con la corrupción de lo que él denomina “la mafia del poder” y a la vez ofrecer “amnistía anticipada” y “el renacimiento económico, social, político, pero, sobre todo, moral de México”. Un presidente de la República está obligado a cumplir la ley, simple y llanamente, y ello significa aplicarla con respeto al debido proceso. Las declaraciones del precandidato presidencial sugieren voluntarismo, una de las prácticas que más han dañado la lucha (inexistente hasta ahora) contra la corrupción. En un país que aspira a gobernarse con Estado de derecho no cabe la promesa de que no habrá revanchismo o “cacería de brujas”, porque simplemente el combate a la corrupción se ejecuta más allá del deseo de quienes llegan o de quienes se van.

Por cierto, en las elecciones del 5 de junio varios candidatos ganaron al prometer “meter a la cárcel” al gobernador en funciones. También fue el caso de El Bronco en Nuevo León el año pasado. Y ese discurso, al igual que el de AMLO, no cabe en una democracia moderna: ni perdón ni amenaza, simplemente aplicar la ley, sabiendo que quien decide al final es un juez.

Twitter:@LCUgalde

También te puede interesar:

¿Debacle?

Patear la pelota

Puentes y muros, Clinton y Trump