Opinión

Sobre-explotación de acuíferos: ¿hasta cuándo?

 
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El olor detrás de la lluvia

De acuerdo con la última información de Conagua, de los 653 acuíferos clasificados en el país, 115 se encuentran en estado de sobre-explotación, lo que significa que se extrae un volumen de agua mayor a 10% de su capacidad de recarga. La tendencia es grave: en 1975 había 32 acuíferos en esa condición, 80 en 1985 y 105 en 2010. Además de la reducción en la disponibilidad de agua, la sobre-explotación tiene impactos ambientales severos como el incremento de la vulnerabilidad a sequías en zonas semiáridas, la intrusión salina en los acuíferos y el deterioro de los ecosistemas semiacuáticos o humedales. Asimismo, puede provocar hundimientos de tierras urbanas y rurales.

En México los acuíferos subterráneos aportan casi 40% del agua total utilizada, del que 71% se destina a riego agrícola, proporción superior al promedio de los países de la OCDE (56%) y la más elevada después de Portugal. De la superficie total irrigada, 45% depende de esos acuíferos en comparación con 33% en los países de la OCDE. Esto es, la dependencia de la agricultura mexicana de las aguas subterráneas es mayor que en otros países; en muchas regiones del país, la sobre-explotación está asociada a la extracción excesiva de agua para riego agrícola.

En un análisis reciente de esa Organización (“Drying Wells, Rising Stakes: Towards Sustainable Agriculture Groundwater Use”, OCDE, octubre de 2015), se establecen seis condiciones para un manejo adecuado del agua subterránea para riego agrícola: 1) construir y mantener un conocimiento (información) suficiente sobre la disponibilidad y uso del agua; 2) administrar de manera conjunta las aguas subterráneas y superficiales; 3) utilizar instrumentos que incidan directamente en el manejo del agua, en vez de instrumentos indirectos como regulación sobre el uso de la tierra o las siembras; 4) dar prioridad a estrategias por el lado de la demanda de agua, no de la oferta; 5) aplicar medidas regulatorias; y 6) evitar políticas de precios-subsidios (en productos agrícolas y energía) que afecten el uso de aguas subterráneas.

México está lejos de cumplir con esas condiciones. La información de Conagua sobre las concesiones (actualización, volúmenes, incumplimientos, etc,) es un desastre, que se suma a una falta de medición y control de las extracciones, lo que ocasiona que se utilicen volúmenes mayores a los concesionados. Recientemente el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua inició (más vale tarde que nunca) la integración de un “Sistema de Información de Extracciones Volumétricas en Acuíferos” que, según se dice, permitirá establecer medidas de control en los acuíferos cuya sobre-explotación sea superior a 30% de la recarga. Sin duda, el primer paso para racionalizar el uso del agua es disponer de información confiable sobre la oferta y la demanda, y medirlas!

Otro reto será aplicar la regulación y las “medidas de control”, sobre todo si se considera que hay regiones (por ejemplo, en Chihuahua) donde no sólo no se calcula la extracción de agua sino que ni siquiera se puede medir y cobrar el consumo de electricidad con la que se bombea. En ese marco, la falta de coordinación de las políticas públicas agrícolas (Sagarpa) y en materia de agua (Conagua) agrava el problema; por un lado, se establecen programas de precios y subsidios que inducen la siembra de cultivos intensivos en agua (maíz y otros granos) y, por otro, se busca restringir su uso sin una planeación y administración integral de aguas subterráneas y superficiales.

La propuesta de Ley de Aguas Nacionales, que sigue “durmiendo el sueño de los justos” en el Congreso, debería atender esos retos y establecer un nuevo sistema de concesiones, sanciones y precios entre otros aspectos, para el uso del agua en el sector agropecuario que tome en cuenta la situación actual y prospectiva de los acuíferos. Hasta ahora, la discusión de la Ley se ha centrado en “garantizar” el derecho humano al agua; para que haya derecho, primero tiene que haber agua.

Twitter:@ruizfunes

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