Opinión

Sobre el “Acuerdo” de Certidumbre Tributaria

Arturo Carvajal Trillo*

México es un país sujeto a constantes cambios en materia tributaria, lo que ha generado incertidumbre para la inversión local y extranjera, con su consecuente pérdida de competitividad.

En este contexto, se aprueba en octubre de 2013 la iniciativa federal de reforma hacendaria, centrada en tres ejes particulares: a) incremento de la base tributaria a través de la disminución sustancial en las deducciones autorizadas tanto para personas físicas como morales (referente al monto sobre el cual se pagan los impuestos, no al incremento del número de contribuyentes que hubiera sido lo deseable); b) ataque frontal a lo que las autoridades fiscales consideran planeaciones fiscales agresivas; y c) medios de fiscalización más agresivos y directos a los contribuyentes (vía métodos de control electrónicos).

En términos generales dicha iniciativa es insuficiente al no enfocarse realmente a la ampliación de la base de contribuyentes para que todos paguemos menos y no que los mismos paguemos más.

Ahora bien, como un reconocimiento tácito del Gobierno Federal respecto del muy trascendente impacto que tiene y que tendrá esta reforma hacendaria, el 27 de febrero del año en curso emitió el “Acuerdo” de Certidumbre Tributaria, mismo que no puede denominarse como tal, por ser una resolución unilateral que expresa una voluntad específica, sin que para ello se haya considerado la opinión de las partes involucradas, en este caso, gobierno y sociedad.

El documento en cita manifiesta no modificar la legislación tributaria hasta el 30 de noviembre de 2018, lo cual es positivo al brindar a los contribuyentes la certeza de que no cambiará la actual la legislación tributaria y con ello, planear a un horizonte de prácticamente cinco años.

Ahora bien, la certidumbre tiene también que ver con reglas adecuadas y claras; es decir, una manifestación de esta naturaleza debe partir del supuesto de que las reglas actuales dan certidumbre a la inversión y son constitucionalmente correctas, lo que en muchos casos no se logra en el contexto general de la reforma hacendaria; prueba de ello son los múltiples amparos que se han iniciado en contra de diversas disposiciones contenidas en la reforma fiscal, así como elementos que, aunque todavía no se combaten ante los tribunales, son claramente injustas, como las limitantes a las deducciones de previsión social o a los gastos personales, entre otras muchas.

Otro aspecto a analizar es que el gobierno indique, en un documento de esta naturaleza, que respetará plenamente los derechos constitucionales de los contribuyentes, lo cual está fuera de lugar, pues dicho respeto no es opcional, es un mandato a obedecer.

Lo mismo sucede con la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto, pues tal pareciera que es opcional y no es así, es una de las obligaciones primigenias del gobierno, por lo tanto, no hace sentido su inclusión en este “acuerdo”.

Adicionalmente se señala que: “el Ejecutivo Federal se compromete a implementar acciones de mejora para orientar los recursos a aquellas actividades que generen mayor valor público en un contexto de cercanía al ciudadano y modernidad administrativa…”, lo cual da espacio a la subjetividad si no son claramente medibles y entendibles para la sociedad. En este sentido, sería lo ideal determinar bajo qué parámetros se establecerá que los recursos se destinarán a las actividades que se mencionan.

Cabe mencionar que el documento señala adecuadamente la intención de mantener una trayectoria de déficit decreciente y en este sentido, sólo harían falta compromisos claros, concretos y medibles.

Con base a lo antes señalado, el documento no brinda la certidumbre en materia tributaria que se esperaba, y por el contrario, en muchos sentidos es fuente de preocupación, pues manteniendo la legislación actual, con los errores que tiene no se logra certeza jurídica, elemento fundamental para alcanzar la meta deseada de generar certidumbre tributaria.

Bajo este contexto, y con el fin de coadyuvar a su mejora, el IMEF abre un espacio para discutir el tema con las autoridades competentes, a fin de acercar posiciones con un objetivo claro: el beneficio de México.

*Presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales IMEF.

Correo: arturo.carvajal@cgctax.com