Opinión

Sistema Nacional Anticorrupción

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Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen para crear un Sistema Nacional Anticorrupción que fue enviado al Senado para su eventual aprobación y posterior recorrido por las legislaturas estatales. Los aspectos medulares son el fortalecimiento de las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –atracción para investigar finanzas estatales y municipales, eliminación del principio de anualidad para revisar años previos–; aumento a siete años de la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa (ahora son tres); que sea un tribunal especializado (el de Justicia Administrativa) que sancione tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves; así como la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito. Muy importante es que se crea un comité coordinador del sistema anticorrupción que facilitará la coordinación de las instituciones responsables (Secretaría de la Función Pública, ASF, Ifai, Tribunal, entre otros).

Se trata de un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción. Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Aun antes de que concluya el proceso legislativo (falta terminar la enmienda constitucional y luego iniciar la legislación secundaria), se pueden empezar a instrumentar medidas operativas fundamentales. Señalo cinco muy importantes.

Primero, modernizar las contralorías municipales y estatales
–responsables de sancionar faltas administrativas– y que comúnmente ni tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo. Se requiere una reingeniería de esas dependencias e inyectar más recursos humanos de calidad para que el sistema anticorrupción funcione. Otras reformas se han empantanado por las debilidades institucionales de los gobiernos locales. Un ejemplo: después de siete años de aprobada, la Ley General de Contabilidad Gubernamental se ha instrumentado en menos de la mitad de los gobiernos municipales.

Segundo, fortalecer desde ahora a la futura nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. Actualmente, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la Procuraduría General de la República cuenta con un equipo de 100 personas. Ese será el corazón operativo de la nueva Fiscalía que, con ese reducido cuerpo operativo, difícilmente podrá dar resultados.

Tercero, fortalecer el área de auditoría y de responsabilidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública. Hoy cuenta con 248 auditores para revisar a toda la administración pública federal y con tan sólo 19 funcionarios encargados de traducir los hallazgos de las auditorías en procesos legales o administrativos para sancionar a los infractores. Con frecuencia, los acusados cuentan con más recursos y mejores abogados para “tirar” los procedimientos que se inician.

Cuarto, apoyar la iniciativa del secretario de Hacienda para construir un presupuesto base cero a partir de 2016. Eso permitiría revisar las reglas de operación, los padrones de beneficiarios de programas sociales y, en general, el funcionamiento y desempeño de los programas públicos –muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y la corrupción.

Quinto, no es necesario esperar que la Auditoría Superior de la Federación cuente con mayores atribuciones para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar hoy. El informe de la cuenta pública de 2013 que se conoció hace algunos días es una oportunidad para que la Cámara de Diputados haga lo que no ha hecho: dar seguimiento a las denuncias de hechos y la promoción de responsabilidades administrativas de años anteriores para garantizar que se castigue a los infractores.

Hay en el ambiente un optimismo que debe moderarse. Se dice que ahora sí habrá instrumentos para meter a los corruptos tras las rejas, como reza un spot del PAN. Pero difícilmente será el caso, al menos en el corto plazo. El armado institucional llevará años y la calidad de los funcionarios locales que deben operar el sistema es escaso. Asimismo, tan importante es que haya nuevas disposiciones, como que haya la tecnología y los recursos para las investigaciones.

Pero acaso el mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que el sistema funciona. Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, exgobernadores e incluso expresidentes o sus familiares. La presión mediática será mayúscula y muy pronto –de no haber varios “peces gordos” tras las rejas– se empezará a hablar de que fue una simulación.

Para evitar el efecto búmeran, bien haría el Senado -que ahora tiene el dictamen- en explicar cuáles son los objetivos del nuevo sistema y qué debemos esperar de él. La meta de los peces gordos no debe ser el eje para medir el éxito, aunque ellos deban ser parte del resultado una vez que el sistema esté funcionando, pero junto con pececillos de todos tamaños y colores. Pero antes que eso, la meta debe ser contar con un sistema integral que prevenga la corrupción y, cuando ocurra, la castigue ejemplarmente (ojalá por excepción).

Twitter: @LCUgalde

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