Opinión

Sistema Nacional Anticorrupción


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ASF

Un signo alentador en los complicados tiempos que vive la República es la expedición del decreto de reformas a la Carta Magna en materia de combate a la corrupción el día 27 del pasado mes de mayo, que pretende dar un tratamiento sistémico a la lucha contra este fenómeno que se ha convertido en deporte nacional y toca prácticamente todos los estratos de la actividad social y política de nuestro país.

Pese a que han transcurrido casi tres años de la actual administración, que durante la campaña electoral previa ubicó entre sus ofertas el combate a la corrupción, la publicación del decreto se recibe con gran beneplácito y con la expectativa de que el abuso y la impunidad sean contenidos eficazmente.

La reforma constituye un logro significativo para la vida democrática mexicana, en principio porque es, en mucho, producto de la acción social manifiesta de diversas maneras, directas e indirectas, concatenadas en una expresión de inconformidad y hartazgo ante las cotidianas revelaciones de excesos y actos apartados de la legalidad por parte de entes públicos o privados.

En segundo término, porque la autoridad reconoce explícitamente la gran amenaza que constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso de la nación el ejercicio público apartado de la legalidad y la connivencia con particulares para beneficio propio. El incluir en el Título Cuarto constitucional a los particulares vinculados con “Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción” da cuenta de ello.

Cierto es que la mera inclusión de estas reformas no es garantía absoluta de que las prácticas apartadas de la ética se erradiquen de nuestra realidad, toca a los legisladores la parte más compleja para la generación de un real sistema, el tejido fino que permita la articulación de fines, alcances y estructuras con el soporte legal y funcional que le dote de eficiencia y eficacia. El Congreso de la Unión sólo cuenta con el plazo de un año para generar la legislación secundaria que obliga la reforma, pero el verdadero reto será la construcción del andamiaje operativo que armonice las responsabilidades y facultades de las diferentes entidades que integrarán el sistema.

Tres son los frentes principales que deberán observarse: la prevención, la contención y la sanción y ello demandará la integración de un subsistema muy fino que será el corazón de todo el aparato y sin el cual difícilmente será eficaz en su funcionamiento y resultados. El sistema anticorrupción demanda, además de un marco normativo sólido, claro y sin ambigüedad, los mecanismos indispensables para la obtención de los elementos de juicio necesarios, tanto para la detección oportuna, como para la acción consecuente.

Lo anterior obligará a contemplar en la legislación secundaria no sólo aspectos relativos a la transparencia y la rendición de cuentas, sino al procesamiento especializado de la información, lo que constituye en estricto sentido un subsistema de inteligencia que brinde soporte a la operación del sistema en su conjunto y que, dadas las condiciones de su finalidad, debe reunir características específicas en cuanto a su ubicación orgánica, dependencia, funcionamiento y auditoría social.

Aunque los desafíos son muchos, bienvenida sea la reforma.

Mail: grhh@gmail.com

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