Opinión

Sistema Nacional Anticorrupción

 
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dinero peso billetes (Cuartoscuro/Archivo)

Es probable que hoy se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la Cámara de Senadores una vez que recibió el visto bueno en comisiones la semana pasada. Se trata de un paso normativo en la ruta correcta y se debe aplaudir al Congreso mexicano por sacarlo adelante (igual que merece otro aplauso la aprobación de la Ley General de Transparencia, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados).

La nueva legislación es positiva porque construye un sistema de cooperación entre las instituciones que –de forma directa o indirecta, ex ante o ex post– previenen o combaten la corrupción en México: la Secretaría de la Función Pública, la nueva Fiscalía Anticorrupción (dependiente de la PGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa que será juez para determinar sanciones a violaciones graves de tipo administrativo.

También es un paso adelante porque se fortalecen las labores de fiscalización de la ASF y se le dan atribuciones para revisar las participaciones a las entidades federativas (Ramo 28), en adición a la revisión de las transferencias federales (Ramo 33) que ya vigila. En conjunto, la ASF podrá ahora revisar más del 90 por ciento de los recursos que ejercen las entidades federativas, en algunas de las cuales hay serios problemas de malversación de recursos públicos y de corrupción.

Finalmente es un paso adelante porque coloca en manos de un tribunal especializado la resolución de expedientes graves que antes eran resueltos por la propia Secretaría de la Función Pública que era juez y parte o que dilataba por saturación o por falta de interés en resolver con oportunidad.

¿Significa esto que ahora sí los corruptos irán a la cárcel como rezan algunos promocionales de campaña política? No, de hecho las cosas cambiarán poco en el corto plazo. La implementación del SNA será gradual (ahí está el ejemplo de la reforma de justicia penal de 2008 o la Ley General de Contabilidad Gubernamental que han dilatado una y otra vez para cumplir sus plazos legales de ejecución). La escasez de recursos humanos y administrativos, pero sobre todo de incentivos políticos para hacer de la corrupción una prioridad nacional, hará que esta política pública nazca a cuenta gotas y solamente con el paso de los años se vaya cimentando una estructura institucional y marco político que le den forma.

Por ello es muy importante construir una narrativa del nuevo SNA. ¿Dónde queremos estar en 10 años? ¿Cómo sabremos si vamos en la ruta correcta? ¿Cuáles son las metas? Desafortunadamente, la exposición de motivos de la nueva legislación carece de esta narrativa y ello implica caer en la trampa de los “peces gordos”: asumir que el éxito del SNA se mide por el número y tamaño de los tiburones que acaben en la cárcel. Ese fue el error que cometió Vicente Fox al inicio de su gobierno cuando su secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, anunció que iban tras los peces gordos (nunca hubo ni siquiera uno pequeño) y ha sido el error de algunos gobernadores cuando hay alternancia a nivel estatal.

Por supuesto que el nuevo SNA debe facilitar atrapar peces gordos, pero antes debe construirse una buena red de pesca, mejorar el ejercicio del gasto público y cimentar la infraestructura humana y jurídica para detectar y sancionar la corrupción. El mayor riesgo del nuevo SNA es que genere desencanto ante la falta de peces gordos y que eso opere como un búmeran en poco tiempo.

Además de la nueva legislación, hay otras medidas simbólicas y normativas muy relevantes. Una de ellas es que el Congreso predique con el ejemplo y así ayude a restaurar el sistema de pesos y contrapesos. No habrá resultados del SNA si el Congreso no reasume su función política de ser el vigilante del Ejecutivo y los congresos locales los vigilantes supremos de los gobernadores y los cabildos de los gobiernos municipales.

Asimismo, el Congreso debe poner el ejemplo en su manejo administrativo: cancelar pagos irregulares a legisladores, eliminar las subvenciones a los grupos parlamentarios como se eliminó la partida secreta de la Presidencia de la República en los años noventa y transferir esos fondos para que sean ejecutados de forma transparente por la secretaría de servicios administrativos. Es inconcebible que el Congreso legisle en materia anticorrupción pero tolere prácticas administrativas que fomentan la corrupción.

Finalmente, es indispensable eliminar la etiquetación de partidas del presupuesto que realiza la Cámara de Diputados (pavimentación, deporte, arte y cultura). En 2015 sumaron casi 14 mil millones de pesos y dan lugar a la industria de los “moches”. Ahora que se construirá un presupuesto base cero para 2016, se debe eliminar esa práctica perniciosa.

P.D. Sin un mecanismo para combatir la corrupción en el financiamiento ilegal de campañas, no hay forma de combatir la corrupción en ejercicio gubernamental. El problema del financiamiento paralelo de campañas está fuera de control. Si un gobernante llega al cargo con una deuda de decenas o centenas de millones de pesos con quienes pagaron su campaña, no hay forma de que se comporte con integridad, a pesar de que haya un sistema anticorrupción en marcha. Después del 7 de junio, esta es la agenda pendiente.

Twitter:@LCUgalde

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