Opinión

Sin presunción
de inocencia

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El pasado domingo se realizó la Jornada Nacional contra la Corrupción y fue ahí donde se alcanzaron las 120 mil firmas para la iniciativa 3de3. (Cuartoscuro)

En un análisis constitucional acerca de la iniciativa ciudadana #3de3 se señala que está ausente el principio de presunción de inocencia, así como toda referencia a la carga de prueba que le correspondería al Estado.

Además se permiten las grabaciones y registros ocultos, con la autorización del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Esta iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas que se discute en el Senado y que tiene el apoyo del PAN y PRD, de acuerdo con el estudio elaborado por abogados constitucionalistas, es inconstitucional en algunos de sus puntos.

Por ejemplo, en el Procedimiento Administrativo Sancionador que se propone, está ausente el principio de presunción de inocencia, que debe darse a los señalados como presuntos responsables. Ni siquiera se menciona la carga de la prueba que en rigor debería de corresponder al Estado para demostrar culpabilidad.

Además las reglas concernientes a las pruebas y su valoración están escasamente desarrolladas, lo que impide tener certeza sobre las reglas aplicables.

Por todas estas omisiones, el proceso administrativo sancionador es contrario al artículo primero de la Constitución y al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no se consideraron los derechos mínimos que deben asegurarse en cualquier proceso a toda persona a la que se le impute un delito.

Además en la propuesta se señalan como faltas administrativas graves que pueden ser constitutivas de corrupción, al soborno, peculado, desvío, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, colusión, obstrucción de la justicia administrativa, entre otros.

Lo cual contradice las fracciones I y III del artículo 109 de la Constitución, en el cual se hace una clara distinción entre hechos de corrupción y faltas administrativas.

Los hechos de corrupción deben tipificarse, investigarse y sancionarse en términos de la legislación penal aplicable y conforme a los principios y reglas señalados en los artículos 20 y 21 de la Constitución.

Otra falla en la iniciativa #3de3 se da al señalar que la autoridad encargada de la investigación podrá utilizar medios de grabación y registros ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Se explica que para la intervención de comunicaciones privadas se requerirá de autorización del tribunal de justicia administrativa y será con el procedimiento establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Sin duda, este es uno de los puntos cuestionables de la propuesta. En el artículo 16 párrafo XIII de la Constitución se establece:
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público… podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada… la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo…”

Es decir es muy claro que está expresamente prohibida la intervención de comunicaciones cuando se trata cuestiones de carácter administrativo.

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Entre las acciones que anunciará el presidente Enrique Peña hoy respecto a la nueva política antidrogas, estará no castigar el consumo, para evitar que, como señaló Pablo Hiriart, estén presas cerca de 50 mil personas, algunos cercanos incluso afirman que habrá una especie de indulto.

Twitter: @ginamorettc

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