Opinión

Siete riesgos políticos para 2015

1. Que por primera vez en la historia moderna de México no se celebren elecciones en algunas regiones de Guerrero, Michoacán y quizá Oaxaca. Que grupos radicales mezclados con oportunistas (por ejemplo, los maestros disidentes) obstaculicen las tareas de capacitación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos locales y el día de la jornada impidan la instalación de casillas por medio de la violencia. Hasta ahora el crimen organizado nunca ha visto una ganancia política o económica en bloquear los procesos electorales; sin embargo, este año puede ser la primera ocasión en que se recurra a la bandera de Ayotzinapa para bloquear la jornada electoral y con ello alcanzar otros fines. (En las últimas dos elecciones presidenciales sólo dejaron de instalarse 11 y 2 casillas, respectivamente).

2. Que la reforma educativa se colapse en los hechos a partir del temor del gobierno federal y de algunos estatales de que aplicar el pago centralizado sólo a aquellos maestros censados pueda detonar la abierta rebeldía de los disidentes en aquellas entidades en las que el censo de escuelas que realizó el Inegi fue parcial como Oaxaca, Chiapas y Michoacán. En la aprobación del presupuesto 2015 se estableció que la Secretaría de Hacienda empezaría a pagar la nómina de maestros —sin excepciones— a partir del 1 de marzo de 2015 (originalmente la fecha era 1 de enero). Si Hacienda cumple la ley, eso significa dejar de pagar a decenas de miles de maestros no censados y a otros que eran “aviadores”. ¿Resistirá el gobierno la presión o tirará la toalla en medio del proceso electoral? Si en esta ocasión se negocia o se pospone la aplicación estricta del pago, la reforma será letra muerta.

3. Que ante las resistencias políticas para ajustar el gasto público derivado de los menores ingresos futuros por el precio del petróleo, se detone una espiral de endeudamiento de los gobiernos (así en plural, tanto del federal pero sobre todo de los estatales y algunos municipales). Es previsible que pasada la elección de junio, el gobierno deba ajustar varios rubros de gasto para evitar un mayor déficit. Pero el problema real surgirá a fines de año con la negociación del presupuesto 2016. Ya sin las coberturas financieras que permitirán al gobierno sortear las finanzas este año, en 2016 habrá un faltante de ingresos de varias decenas de miles de millones de pesos para mantener el nivel de gasto de 4.6 billones aprobados para este año.

Con el pésimo precedente del clientelismo presupuestario que ha alimentado a miles de intermediarios y generado adicción al dinero público de miles de programas y burócratas, la resistencia política para ajustar el gasto será descomunal. No hay mucho margen: o se aumentan impuestos (políticamente y económicamente suicida), o se reduce el gasto (lo correcto aunque le duela a las clientelas), o se aumenta el endeudamiento (catastrófico para la estabilidad económica en 2018). Si priva la responsabilidad habrá ajuste al gasto público pero es probable que prevalezca el cortoplacismo de algunos gobernadores y alcaldes y recurran al endeudamiento y lo mismo haga el gobierno federal. (Con nueve campañas de gobernador este año y las “deudas” de los nuevos mandatarios con quienes paguen sus campañas, la responsabilidad fiscal puede pasar a segundo término).

4. Que la caída de los precios del petróleo disminuya el apetito de los inversionistas en México y en consecuencia sea limitado el éxito de la Ronda Uno. Que ello —aunado al bajo crecimiento económico— genere la percepción al interior del país de que la reforma energética fue un fracaso. Y que esa narrativa —impulsada por López Obrador durante el proceso electoral— lleve a la errónea percepción de que la reforma sólo fue un pretexto de saqueo, como dicen los opositores. (Percepción no es realidad pero afecta la legitimidad y eficacia de la implementación de las reformas.)

5. Que ante el descrédito excesivo de los partidos y de las instituciones políticas, la elección de junio carezca de alternativas institucionales y puedan ocurrir dos cosas: por un lado, un alto abstencionismo; por otro, salidas populistas de alguno(s) partido(s) o de candidatos (independientes) que ofrezcan soluciones irresponsables pero atractivas para canalizar la frustración colectiva.

6. Que frente al desencanto de la población con los partidos, muchos candidatos (sobre todo para gubernaturas y alcaldías) opten por abrir la cartera y movilizar a votantes mediante prácticas clientelares de compra del voto. Que pese aún más el financiamiento paralelo de campañas y gane el que pone más. (Siendo este financiamiento ilegal una de las principales causas de la corrupción en México, se puede estimar que ésta aumente en los próximos años).

7. Que su poder movilizador ayude al PRI a ganar nuevamente la mayoría en la Cámara de Diputados y de las nueve gubernaturas en disputa y eso genere confort gubernamental. Que la segunda mitad del sexenio sea de administrar “éxitos” pasados (las reformas del Pacto por México) en lugar de emprender la verdadera modernización de México (la del Estado de derecho para combatir la impunidad y la corrupción).

El mayor riesgo político es que el gobierno opte por administrar los problemas en lugar de virar el barco en una nueva ruta de desarrollo. En una democracia funcional los barcos gubernamentales cambian de ruta cuando los electores castigan a los partidos en el poder frente a crisis como la que México enfrenta. Pero la falta de alternativas y de liderazgos en los partidos de oposición impiden que este mecanismo sancionador funcione actualmente. Por ello es probable que las cosas empeoren más antes de que puedan empezar a mejorar. Quizá 2015 no sea tan buen año como muchos quisiéramos.

Twitter: @LCUgalde