Opinión

Si el PRI se adelanta, pierde

   
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Después del descalabro electoral del pasado 5 de junio, en el PRI no es tiempo de adelantar la competencia por la candidatura de 2018. Sin embargo, en la atención a la crisis generada por el conflicto magisterial en Oaxaca, pareciera que el Ejecutivo federal está dividido en dos bandos. El primero, en torno al secretario Osorio Chong, quien ha sido la única figura visible en la negociación con la CNTE. El segundo, en torno al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, mostrándose cercano al sindicato rival, el SNTE, y manteniéndose al margen del diálogo con el llamado magisterio disidente. Varios analistas han interpretado estos mensajes encontrados como un reflejo de la competencia entre ambos secretarios por la candidatura presidencial del PRI. Si éste es el caso, bien haría el presidente en poner orden e instruir que todo el gabinete opere de forma coordinada en la negociación.

La CNTE, que apenas algunos meses atrás parecía aislada y derrotada, ha encontrado un aliado estratégico en Andrés Manuel López Obrador. Juntos, estos dos actores han lanzado un nuevo desafío político a un gobierno ya por sí debilitado. Al parecer, AMLO ha impuesto a la CNTE una visión de largo plazo. En los últimos días se ha dado una menor visibilidad a las impopulares demandas de fondo del magisterio disidente, como la derogación de cualquier forma de evaluación periódica, la recuperación del control de la nómina por parte de la cúpula sindical, o el derecho a rentar y vender las plazas.

En contraste, la CNTE ha enfatizado otras peticiones, más sensatas, que generarán simpatías hacia su causa. En particular, se ha priorizado la participación en el diálogo de los deudos de las personas muertas en Nochixtlán y Hacienda Blanca. También se acordó solicitar que se incorpore a la negociación el activista Javier Sicilia y los sacerdotes Raúl Vera y Alejandro Solalinde (los tres son figuras que gozan de amplio reconocimiento público y que permitirán enjuagar la imagen de radicalismo que hasta ahora ha acompañado las movilizaciones de la CNTE).

Para hacer frente a este desafío, es indispensable que el gobierno federal y el PRI presenten un frente común. Por una parte, es necesario que en el diálogo con representantes de la CNTE participen autoridades educativas. Es decir, el gobierno en su conjunto, y no sólo la Segob, deben mostrar voluntad para subsanar los excesos que se hayan cometido en contra de maestros.

Por otra parte, es central que se establezcan con claridad dos principios a seguirse a lo largo de la negociación. Primero, la realización de una investigación rigurosa de los hechos ocurridos en Nochixtlán y de cualquier otro abuso cometido por la Policía Federal en contra de manifestantes. A diferencia de lo ocurrido en otros casos emblemáticos, como Ayotzinapa, esta investigación debe desarrollarse al margen de consideraciones políticas, y debe dar certeza a todas las partes y a la sociedad.

Segundo, defender con firmeza la aplicación de la reforma educativa en todo el país tomando en consideración que, en el largo plazo, no sería posible revertir aspectos importantes de la reforma sólo en algunas entidades (si se ofrece un trato privilegiado a la CNTE en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no tardarán en multiplicarse las movilizaciones en otras entidades exigiendo un trato parejo).

En la actual coyuntura, sacrificar la reforma educativa sería un error. Es lo poco que al gobierno de Peña Nieto le queda para presumir. En materia de seguridad, será muy difícil que se logre la meta de reducir a la mitad los homicidios dolosos. La reforma energética no cumplirá con las expectativas por la caída de los precios del petróleo y el desastre financiero que se viene en Pemex. Tampoco parece que la economía vaya a despegar en el futuro con el Brexit y el dólar a casi 20 pesos. En contraste, con la reforma educativa se ha logrado lo que en 2012 parecía imposible: vincular la permanencia y el crecimiento profesional de los maestros con evaluaciones, y no sólo con los intereses económicos de una cúpula sindical corrupta.

El presidente acertó la semana pasada al vetar el esperpento legislativo que era la aplicación de la Ley #3de3 a particulares. Ahora es necesario que se tomen medidas para que los gobernadores salientes dejen de aprobar reformas de último minuto, que sólo buscan sabotear eventuales investigaciones de sus actos de corrupción (como ya han intentado los mandatarios de Veracruz y Quintana Roo), y sobre todo para que la Segob y la SEP actúen de forma coordinada en defensa de la reforma educativa. Del manejo de la crisis con el magisterio disidente y de las acciones para combatir la corrupción, dependerá que el PRI llegue a las elecciones de 2018 con posibilidades de conservar la presidencia. Primero es necesario dar resultados en ambos temas. Después habrá espacio para definir quién será el candidato. Si no hay disciplina y resultados en la segunda mitad del sexenio, el PRI no sólo podría perder, podría regresar al tercer lugar.

Twitter: @laloguerrero

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