Opinión

¿Será eterna la deuda de los estados?

 
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Billetes y monedas en México. (Arturo Monroy)

La deuda de los estados y municipios asciende a 529.7 mil millones de pesos, sin considerar la suma de las obligaciones financieras derivadas de los PPS y los bonos cupón cero, como los que se usan para la aportación estatal al Fonden. Adicionalmente está la deuda con proveedores y contratistas, que generalmente heredan a la siguiente administración.

Excepciones hay, no es el caso de Veracruz, donde se intenta crear un fideicomiso con la recaudación del impuesto sobre nóminas del Estado para pagar 11 mil millones de pesos, que el gobierno saliente reconoce deber, lo que debió haber pagado durante su gestión y no heredarla a la siguiente administración. Detrás existe una gran opacidad, además de que acciones como esta, afectan las finanzas públicas, más si ya hay gobernadores electos y cualquier medida de los gobernadores que se van, impactará negativamente las haciendas locales. Deben formar parte del proceso de transición. Sobran los ejemplos negativos, sólo veamos Nuevo León y Sonora, cuyos gobernadores se encuentran señalados por la justicia y está vivo lo de Coahuila, donde ningún funcionario estatal ha sido castigado por ello. Los casos presentes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, y abriéndose paso Nayarit, después de dos sexenios cuestionados y cuestionables.

En este espacio he comentado que quizás la primera preocupación que deben tener los gobernadores electos o los futuros presidentes municipales, es la de conocer la situación de las finanzas locales, así como los pasivos de corto plazo que recibirán, lo que incluye la deuda con proveedores y prestadores de servicios, principalmente locales, que serán los que al otro día llegarán a pedir su pago. Endeudarte al final o comprometer los presupuestos futuros, son malas jugadas y tienen siempre un “efecto de búmeran”.

Por otra parte, no olvidemos que la deuda está excesivamente concentrada a nivel estatal y municipal: la tercera parte de los estados significa más de la mitad de la deuda estatal y unos 25 municipios – el 1 por ciento– la de este orden de gobierno.

Una característica de la deuda actual, es que los plazos para pagarla se alargan, producto de las reestructuraciones, lo cual te da alivió en el corto plazo, y buenas comisiones, baja el servicio durante la gestión del gobierno que reestructura, pero queda hecho el camino para que el siguiente gobernador también reestructure, y así hasta al infinito. A lo mejor los nietos podrán pagarla, o a lo mejor la deuda es eterna.

Es cierto un 3 por ciento promedio del PIBE de la deuda subnacional y local no es preocupante, sin embargo ya hay estados como Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit y Coahuila que se acercan –o ya llegaron– al 10 por ciento de su PIBE.

Las transiciones tan largas contribuyen a ello, en efecto si vemos el tiempo entre el día de la elección y la toma de protesta de los nuevos gobiernos, es demasiado. Es el caso de los seis meses en Veracruz, Oaxaca y Aguascalientes, o los siete de Sinaloa, lo cual provoca tentaciones para hacer “travesuras” o querer tapar “baches presupuestales” al final por parte de los que se van.

Se percibe en el futuro cercano, una situación de ingresos presupuestales limitados, no sólo por la gran dependencia de las participaciones en los ingresos propios de estados y municipios, sino porque las perspectivas de crecimiento no son optimistas, ni las señales de la economía mundial y en cualquier caso la prudencia presupuestal es obligada, inclusive en condiciones de jauja.

Los nuevos gobernantes en ambos órdenes de gobierno deberán estar conscientes de lo que les espera y asumir presupuestos conservadores, transparentes y bien hechos. Esto incluye que sus funcionarios cercanos sean gente con experiencia en la materia, no los cuates, ni los compromisos políticos.

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