Opinión

Séptimo Reporte Legislativo

 
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Marcha Ayotzinapa

Desde 2011 Integralia publica un Reporte Legislativo anual para evaluar el desempeño del Congreso mexicano. La semana pasada se publicó la séptima edición que abarca el primer año de esta Legislatura (2015-2016) y se advierten dos tipos de tendencias, una buena y varias malas.

Por una parte, el Congreso ha legislado reformas muy relevantes para el futuro de México, siendo el Sistema Nacional Anticorrupción la más importante en los últimos 12 meses. A pesar de las críticas por el rechazo a la publicidad total de las declaraciones de servidores públicos (3de3), la legislación aprobada es de clase mundial y se debe, en buena medida, a la labor de organismos de la sociedad civil que empujaron el tema y a varios senadores y diputados que tomaron las riendas de la redacción de las leyes.

A la par, se detectan varias deficiencias que han cambiado poco en los últimos años. Primero, un creciente activismo legislativo que lleva a muchos legisladores a presentar iniciativas sin ton ni son con el objetivo de tomarse la foto en la tribuna y presumir su “productividad”. (También hay iniciativas serias y relevantes, pero son menos en número). Durante el primer año de la Legislatura LVII (1997-1998) se presentaron 145 iniciativas en la Cámara de Diputados; en contraste, durante el primer año de esta Legislatura se presentaron mil 615. En el caso del Senado es la misma explosión: en 1997-98 se presentaron 31 iniciativas; este año fueron 627.

Pocas iniciativas se dictaminan y muchas se pierden en los archivos del Congreso. Las iniciativas pendientes respecto a las presentadas es del 94.6 por ciento en el Senado y de 77.6 por ciento en Diputados.

Pero acaso el fenómeno más grave es la existencia de un sistema de comisiones burocratizado, abultado y con deficiente funcionamiento. Hay 184 comisiones entre ordinarias, especiales y bicamerales. El Senado tiene 64 comisiones ordinarias y la Cámara de Diputados 56, lo que coloca a la primera como la Cámara alta con más comisiones del mundo y a la de Diputados como la tercera con mayor número. Con frecuencia, el surgimiento de más comisiones ocurre para repartir prebendas, títulos “nobiliarios” y dar cargos y estructuras burocráticas a legisladores para su promoción política personal.

Además del exceso de comisiones, se observa un funcionamiento deficiente. De las 44 especiales en la Cámara de Diputados, la comisión encargada de dar seguimiento a los hechos ocurridos en Ayotzinapa es la única instalada. El resto, 43, creadas el 29 de abril de 2016, no se han instalado. (Una de ellas se creó el 31 de mayo pero tampoco se ha constituido). Asimismo, con frecuencia las comisiones no cumplen con sus obligaciones reglamentarias como presentar sus planes de trabajo y sus informes anuales, así como sostener reuniones mensuales en el caso de la Cámara de Diputados.

Finalmente, prevalece la opacidad en las asignaciones presupuestarias de los grupos parlamentarios, los bonos y recursos para labores de gestoría y el incremento constante al presupuesto que ejerce. El presupuesto del Congreso mexicano ha aumentado de forma sistemática en los últimos años sin que exista la justificación para ello.

El del año en curso observa un incremento de 5 por ciento con respecto al presupuesto de 2015, y de 101 por ciento comparado con el de 2000, en términos reales.

Aunque el Congreso había solicitado un incremento para 2017, varios legisladores solicitaron nulificar tal petición, pero ello es insuficiente. El Congreso debería reducir su presupuesto para 2017 con dos objetivos muy relevantes. El primero, para romper la lógica clientelar que ha guiado el reparto de comisiones, fondos para gestoría y crecimiento de las burocracias internas. El senador Fernando Torres Graciano propuso el año pasado reducir el número de comisiones significativamente. Sin daño alguno a la operatividad del Congreso (al contrario, mejoraría su desempeño), podrían reducirse a la mitad el número de comisiones ordinarias y reducir el número de las especiales: hay 59 en ambas cámaras y para honrar su nombre no debería haber más de cuatro o cinco en cada una de ellas.

Asimismo, se podrían reducir las subvenciones a los grupos parlamentarios. Entre septiembre de 2015 y abril de 2016 ascendieron a 860 millones de pesos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué esa cantidad y no 950 o, mejor aún, 450? Nadie sabe porque no hay una motivación que explique los montos de las subvenciones –que son fondos adicionales a las dietas, renta, mobiliario y gastos operativos que se pagan mediante otras partidas–. Las subvenciones han crecido en los últimos años por lo que un primer paso sería regresar a los niveles anteriores y proponer una reducción del 30 o 40 por ciento a dichos montos.

Pero acaso la razón más importante de reducir el presupuesto del Congreso es de confianza, legitimidad y empatía social. Si el gobierno federal y los estatales tienen contemplados recortes agudos en sus ingresos, ¿acaso no el Congreso debiese predicar con el ejemplo?
¿Cómo aprobará la Cámara de Diputados recortes al presupuesto de otros mientras no se ajusta el cinturón internamente?

Twitter:@LCUgalde

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