Opinión

Seguridad y respeto a derechos agrarios y ambientales frente a la invisibilidad de autoridades

La reforma energética que será discutida y votada en el Congreso en los próximos días se concentrará en una discusión económica y de negocios. Sin embargo, es una reforma que también debe analizarse bajo la óptica de los derechos agrarios, indígenas y ambientales, ya que muchos de estos proyectos requerirán la propiedad o el uso y usufructo de territorios que actualmente están en posesión de ejidatarios y comuneros.

En estos casos, la historia de México reciente –siglo XX en adelante, aunque también existen ejemplos anteriores-, nos ha demostrado que las reformas estructurales que se publicitan con la esperanza de lograr un mayor crecimiento económico de México –sin evaluar en estos momentos si lo han logrado o no-, generalmente han ido aparejadas del atropello, despojo y desplazamiento de pueblos originarios, los cuales son sacados de sus territorios como objetos que hoy puedes trasladar para un lado y mañana a otro. Asimismo, han generado la destrucción irreversible de muchas zonas naturales sin que exista una aplicación de las leyes ambientales y sanciones para los responsables.

En materia agraria, los desarrollos turísticos, mineros y probablemente los energéticos, utilizan estrategias legales para desalojar a los pobladores de sus tierras, a través de la manipulación de los procesos de convocatoria y reconocimiento de ejidatarios en Asambleas; o bien, por medio de la creación de sociedades mercantiles en las que los ejidatarios o comuneros son manipulados para aportar sus tierras al capital social, para después ser liquidados por los accionistas mayoritarios; además del abuso de confianza que existe debido a la condición de desventaja financiera y legal de estos pueblos para defender sus derechos. Por su parte, las autoridades federales hacen caso omiso e instancias como la Procuraduría Agraria o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, son invisibles al momento de hacer valer los derechos agrarios y ambientales cuando de grandes intereses económicos se trata.

La falta de aplicación de la regulación y la ausencia de autoridades que hagan valer las leyes, hacen que este tipo de situaciones se convierten en la ley del más fuerte y no en el cumplimiento del Estado de Derecho.

Ejemplos como estos son numerosos, el más reciente es el caso de la isla de Holbox en Quintana Roo, en donde el proyecto turístico de Península Maya Developments, pesa más que la legalidad y en una asamblea sin la presencia de los ejidatarios inconformes, la cual duró poco más de una hora y estuvo resguardada por fuerzas anti motín, se dividió la isla en cuatro ejidos, para hacer posible el desalojo de alrededor de dos mil habitantes con la finalidad de construir hoteles, centros comerciales, condominios, etc., en una zona que es además Área de Protección de Flora y Fauna Yum – Balam decretada desde el año 1994 por su abundancia de manglar chaparro, mangle rojo y selva baja que albergan una gran cantidad de especies en peligro de extinción y especies protegidas.

Además de la violación a los derechos agrarios, otro gran absurdo que sólo manifiesta probables actos de corrupción detrás, es el crimen ambiental que se dará en la Isla Holbox de implementarse este proyecto, ya que por un lado nuestro país suscribió y refrendó compromisos internacionales para mitigar el cambio climático como el Protocolo de Kyoto y acaba de suscribir compromisos nacionales para un Crecimiento Verde en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y todo esto se convierte en letra muerta al permitir desarrollos que van a destruir una zona protegida de manglar, el cual, recordemos es un tipo de bosque con gran capacidad para absorber dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo en carbón orgánico que se acumula al pie de los árboles; es decir, el manglar captura el dióxido de carbono y lo mantiene en sus raíces en sedimentos, por miles de años, por ello son considerados como sumideros de carbono y son una fuente natural para mitigar cambio climático.

Frente a estos casos, las preguntas son: ¿cómo han podido avanzar los permisos ambientales para la construcción de Península Maya Development?, ¿en donde estaba la Procuraduría Agraria para defender a los ejidatarios de Holbox?, ¿en dónde está la materialización del México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ? Y sin pretender hacer un decálogo de preguntas: ¿Acaso ejemplos como esto, son realmente desarrollo para todos?