Opinión

Seguridad

    
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Una emboscada a un convoy del Ejército Mexicano, dejo como saldo cinco militares muertos y al menos 10 heridos entre ellos un paramédico de la cruz roja. (cuartoscuro)

Ejecutaron a un juez federal en Metepec. No sé si esto suene normal, pero no lo es. En las últimas semanas hemos tenido emboscadas a militares, policías federales y locales, en Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas. En los últimos años, han matado a decenas de presidentes municipales. Por otra parte, los números indican que hay un repunte de la violencia, tal vez desde mediados de 2015, pero no sólo medido en homicidios, sino en varios otros tipos de delito. Ese incremento afecta no sólo a estados considerados tradicionalmente violentos, sino al mismo centro del país, que parece repetir la experiencia de mediados de los noventa o de la primera década de este siglo.

Como bien lo narra Luis Rubio este domingo pasado, el viejo sistema de administración del crimen desde la cúspide del poder dejó de existir junto con el antiguo régimen. Justo al mismo tiempo, muere el criminal que había logrado subordinar a todos los demás, Amado Carrillo. Desde entonces, no hay control ni desde el Estado ni desde el mismo crimen, de forma que las ocasionales guerras por el control territorial se convierten en carnicerías. Peor aún, la volatilidad del mercado de narcóticos ha obligado a los criminales a incursionar en otros negocios, en los que no han encontrado obstáculo alguno: secuestro, extorsión, trata de personas, etcétera.

Esto no se va a resolver solo. Es cierto que una solución estable y eficiente va a requerir la construcción de arreglos locales, con características propias, pero eso tampoco va a ocurrir si no tomamos una decisión que es imprescindible: invertir. En el viejo arreglo, la policía se hacía cargo del tráfico, 'recogía borrachitos' (como decían entonces), y resolvía pequeños robos o pleitos públicos. El control de grupos más violentos (o amenazantes) estaba centralizado, e indiferenciado del control político.

Los requerimientos actuales son muy diferentes. Policía local con mayor capacidad, policía estatal y federal casi militar, grupos de asuntos internos, oficinas de inteligencia, marco legal claro para Fuerzas Armadas, una fiscalía en forma, muchos más jueces, mejores procesos de impartición y administración de justicia, sistemas serios de readaptación social o reclusión. Y todo eso cuesta. En todos estos temas, México invierte ahora 1.3 por ciento del PIB, que es menos de la tercera parte de lo que invierten países parecidos a nosotros.

En el largo plazo, no tengo duda de que mejores alternativas laborales, mejor nivel educativo, opciones para los jóvenes, serán de gran importancia, pero la evidencia histórica apunta a que reducir la violencia es un asunto de fuerza. Y no de fuerza sin control, en un país que quiere ser democrático, sino de una fuerza administrada bajo un marco legal claro. El cinismo al que nos hemos acostumbrado responderá que eso no es posible, porque acá las leyes no se cumplen, y además ni siquiera servirían, en caso de quererse aplicar. Pero es precisamente eso lo que tenemos que corregir.

Hay que recordar que los procesos de pacificación y establecimiento del Estado de derecho en todos los países democráticos del mundo fueron lentos, y buena parte de su desarrollo ocurrió antes de convertirse en democráticos, es decir, cuando se podía abusar de la fuerza. Ordenar a los barones, pacificar los caminos, terminar con los contrabandistas, fue labor de décadas. Para eso es el Estado, y para eso se hace del uso legítimo de la fuerza.

Ganar la legitimidad, perfeccionar las leyes, lograr su aplicación, exige más y mejores recursos de los que hoy tenemos. Si usted quiere que termine la pesadilla de la violencia, hay que multiplicar por tres lo que hoy gastamos. Y hacerlo bien, sin duda. Pero si no invertimos más, nunca lo vamos a resolver. Nunca.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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