Opinión

¿Se puede fortalecer el casi inexistente federalismo fiscal?

Han aparecido algunos comentarios respecto a las debilidades del federalismo mexicano, que plantean la necesidad de que los gobernadores encabecen gobiernos más eficientes y más transparentes, para evitar que se piense en un retorno a un centralismo, cuyos costos en la historia de México han sido muy altos.

Un escenario donde el tema ha sido recurrente es el del llamado federalismo fiscal, donde desde las Convenciones Nacionales Fiscales de 1925, hasta la Convención Nacional Hacendaria de 2004, se ha debatido sobre el dilema "descentralización o centralización", ganando pasos en los hechos, la construcción de un federalismo cada vez mas centralizado.

No sólo es en la parte tributaria donde es evidente que tenemos una concentración extrema de facultades y por tanto de potencial recaudatorio en el nivel central, el más extremo dentro de la OCDE e incluso frente a América Latina, particularmente respecto a Brasil y Argentina.

Esto está empatado con otra pregunta, respecto a si es posible fortalecer el federalismo fiscal. Por supuesto que se han dado pasos importantes en algunos momentos de la historia de la coordinación fiscal, sin embargo siguen sin mostrarse avances en la redistribución de facultades impositivas, todavía centralizadas, las más importantes a partir de la firma de los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el cual las entidades federativas dejan en suspenso la recaudación de impuestos que la Constitución no les impide, por lo tanto se los permite, para coordinarse con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda. A cambio las entidades reciben participaciones, sin embargo el porcentaje participable es limitado y la economía no ha dado para un incremento de la recaudación participable suficiente para compensar el estancamiento de este porcentaje. A riesgo de parecer repetitivo, no está demás insistir que apenas hemos rebasado los niveles reales de antes de la crisis de 2009, aunque para algunas entidades no ha sido así. Entonces al no crecer el porcentaje participable, ni crecer la recaudación a un ritmo adecuado, las finanzas estatales están en crisis y se endeudan.

Además, la transferencia de gasto condicionado se ha visto acompañada de normativas obsoletas, ajenas a la realidad social del País, aunque reconocemos ciertos avances este año en algunos de los fondos importantes como el FAEB y el FISM. Esto provoca quebrantos en las finanzas locales, al fallar en el cumplimiento de la normatividad de los fondos, que con razón observa la Auditoría Superior de la Federación, los que se solventan con el reintegro de recursos a las cuentas de los fondos correspondientes, por supuesto con recursos estatales.

Hoy, las entidades tienen problemas para pagar los pari passus, para pagar su parte del gasto en educación básica, para pagar el servicio de la deuda -los endeudados- y por supuesto para invertir y apoyar más el gasto social.

Sus facultades impositivas se resumen a impuestitos como nómina –el más importante-, hospedaje, anuncios y carros usados. Claro el de tenencia donde las entidades tienen que mostrar su voluntad para cobrar, normalizando su situación en todas ellas.

Por ello recurren a la deuda, que hoy se ha multiplicado, generándose asuntos opacos como la de Coahuila, Nayarit y Quintana Roo como ejemplos, con sus funcionarios trabajando más en reestructura; esto es, pagar con más plazo, que en hacer más eficiente su recaudación y controlar mejor su gasto público.

Cómo vamos a avanzar: revisando integralmente nuestro sistema fiscal, revisando la distribución de facultades impositivas, las responsabilidades de gasto, ajustando los programas de gasto concurrentes a la realidad de la distribución del peso fiscal, avanzando en el PbR, en la armonización contable y en la transparencia.

Correo: brunodavidpau@yahoo.com.mx