Opinión

Se empodera el gobierno

El gobierno está “moviendo a México”, sin duda, como también es cierto que se necesitan fuertes cambios. Se está reconfigurando el poder después del desastre que fueron los dos gobiernos panistas.
No toda la culpa es de Fox y de Calderón, que sólo siguieron la línea de privatizaciones y desregulaciones que venía desde Salinas. Las consecuencias de ese largo proceso son parte del déficit que político y económico tiene que cubrir Peña Nieto.

Por ejemplo, se desmantelaron áreas completas del Estado dizque para evitar toda forma de intervención pública que “distorsione los mercados”.

Los instrumentos que quedan son insuficientes para una política económica que se propusiera impulsar el crecimiento y fortalecer el mercado interno.

Además, se puso el acento en el crecimiento hacia afuera, en las exportaciones, y en vez de establecer bases sólidas de competitividad con tecnología, se recurrió al expediente de comprimir los salarios. Revertir la baja salarial debería estar, pero no aparece en la agenda de cambios del gobierno.

Se abrió el mercado interno a economías más eficientes, sin la mínima protección regulatoria ni medidas compensatorias, como las que imponen muchos países. Hace tiempo que en México se habla de fortalecer el mercado interno; el problema es que aumentarían las importaciones y el déficit de la cuenta corriente con el exterior, porque el modelo de crecimiento que se ha seguido hacia afuera, es profundamente dependiente y no es competitivo.

Por si fuera poco, las privatizaciones y desregulaciones dieron lugar al fortalecimiento de grandes corporaciones nacionales –Televisa, America Movil por ejemplo- y a la llegada de corporaciones extranjeras, particularmente las del sector bancario, al grupo que ha conseguido poner sus intereses por encima de los del Estado.

La clase política priista pudo haberse dado cuenta de que con tales déficits, no se puede gobernar; el caso es que emprendió un proceso de reconfiguración del poder que tiene implicaciones ambivalentes.
Es clara la necesidad de recuperar márgenes de acción del Estado, pero por otro lado surge la cuestión de los propósitos y límites de estos reacomodos.

La agenda del gobierno para acrecentar su poder ha abierto varios frentes: la “sana cercanía” con el PRI, disciplinar a los gobiernos estatales, a corporaciones sindicales y enfrentar a monopolios empresariales.

Éste último es el tema que ocupa la atención de estos días, porque se están discutiendo las leyes regulatorias de las reformas constitucionales en competencia económica y telecomunicaciones.

El propósito declarado de esas reformas es liberalizar la competencia mercantil, con lo que se espera dinamizar el crecimiento económico.

Ciertamente, México tiene tan fuerte dominio monopólico de mercados que está en la posición 107, de 148 economías, en el índice correspondiente del Foro Económico Mundial 2013-2014.

Las reformas constitucionales en competencia económica y telecomunicaciones son antimonopólicas, pero no sólo eso. También son instrumentos que le otorgan al gobierno atribuciones de intervención en esos sectores.

La línea de separación entre la necesidad de esa intervención para hacer valer la norma y sancionar a quien la viole, y lo que pudiera ser excesivo intervencionismo, es la materia de negociación política de estos días y ojalá termine en medidas reglamentarias claras.

Pero además de intervenir en “los mercados”, el borrador que están discutiendo los diputados y lobistas de la ley reglamentaria en telecomunicaciones y radiodifusión, tiene un elemento social y político inaceptable: le da al gobierno mecanismos de control sobre contenidos. La iniciativa fue elaborada en los Pinos.

Por lo que se conoce de ese borrador, el artículo 227 plantea la prohibición de transmitir “noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o al orden público”.

La definición de lo “contrario a la seguridad del Estado o al orden público” es siempre arbitraria. Es un recurso de gobiernos unitarios, autoritarios, como los que ejerció el PRI en el pasado no tan lejano que no debe volver.

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