Opinión

Sancionar secretarios y educación a distancia, la solución a la disidencia

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Chuayffet con disposición abierta para solucionar problemas del IPN

¿Denunciar a los secretarios de Gobernación, Educación o de Hacienda? ¿O tal vez es más factible investigar y pedir la renuncia al subsecretario Luis Miranda por haber encabezado la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el 9 y 11 de febrero –días en los que la CNTE bloqueó el Paseo de la Reforma y sostuvo un plantón en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México–, dejando sin clases a un millón 300 mil niños? ¿O habría que perseguir y multar al funcionario de Hacienda quien firmó el documento que liberó los fondos que permitieron el pago ilegal de maestros o lo más adecuado es suspender al funcionario de la Secretaría de Educación que firmó la nómina que permitió la regularización de miles de plazas y el pago, aparentemente ilegal, del salario de 3 mil 600 maestros?

Tal vez lo más apropiado es que alguien en el gabinete asuma los costos políticos de violar la Constitución y el presidente Enrique Peña Nieto pida la renuncia del ¿secretario Miguel Ángel Osorio Chong o de Emilio Chuayffet?

¿No les parece interesante que los secretarios de Gobernación y de Educación estén literalmente desaparecidos de los medios de comunicación? Es sorprendente que ninguna de las secretarías den la cara ante las protestas y la violencia de los maestros, acuerdos seguramente ilegales, y la posibilidad de que se arruine por completo uno de los pilares de las reformas estructurales, que es la reforma educativa. De acuerdo con Mexicanos Primero, “contraviene el Artículo Tercero Constitucional, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. También contraviene preceptos de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

El problema fundamental es que algunos funcionarios están abiertamente violando la Constitución y las leyes reglamentarias de la nueva ley de educación y parecería que nadie está asumiendo esta realidad.

El error de un gobierno que no cree en sus propias instituciones es negociar la ley. Porque para cualquier gobierno el límite tiene que ser eso, no negociar el único escudo que tiene todo gobierno, que es la Constitución. Una vez que se abre la posibilidad de que se pueda violar ésta, entonces se afectará cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que esté sobre la mesa cuando se negocia con violentos.

Y seguramente habrá organizaciones o individuos que exigirán que se persiga administrativamente con censuras, multas, inhabilitaciones, hasta investigaciones penales, esto no resolverá el hecho de que millones de niños en varios estados no están recibiendo la educación que se merecen.

De acuerdo con el secretario Emilio Chuayffet, ya existe un artículo en la Ley General de Educación que dice que en caso de que en una entidad no tenga la voluntad o capacidad de hacerlo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede impartir la educación; “la institución debe solventar el manejo de los recursos, no puede haber un estado donde haya excepciones”, afirmó.

Y estamos ante esta coyuntura. Veamos un caso extremo como lo fue el de Sierra Leona frente al mortal virus del ébola, las autoridades de ese país, con tal de frenar la tasa de contagio, no tuvieron otra opción más que cerrar las escuelas desde julio del año pasado, dejando sin clases a un millón de niños. Pero eso no impidió que los jovencitos dejaran de aprender. En octubre, el gobierno de ese país, junto con la UNICEF lanzó un programa de educación por radio, en el que diferentes maestros graban sesiones de una hora y son trasmitidas en 41 estaciones de radio y televisión del gobierno. De este modo, los niños más pequeños escuchaban sus lecciones por la mañana, los adolescentes por la tarde y los mayores en las noches.

El anterior es un buen ejemplo de cómo se debe actuar ante la amenaza de una pandemia –o una epidemia de violencia por parte de la disidencia magisterial.

Obviamente no es lo mejor que nuestros niños se eduquen por radio o televisión. Pero ante la realidad de Oaxaca y Guerrero, el gobierno tendrá que darles las herramientas a los padres y líderes comunitarios para que no se pare la educación de millones de niños debido a las protestas y los enfrentamientos. Desafortunadamente, tal vez, lo que sucederá, es que reemplazando los cursos por YouTube o por radio, los niños podrían recibir una mejor educación, que con los maestros que tienen en este momento.

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