Opinión

San Quintín: la punta de otro iceberg de injusticia y vacío de autoridad

 
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San Quintín

La huelga de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín no hizo más que destapar una cloaca de injusticias en un país donde no existe el Estado de Derecho, en donde la violación a los derechos humanos, sociales y laborales es un asunto ordinario y las autoridades de cualquier nivel de gobierno brillan por su ausencia. Así, sólo la manifestación en las calles, el bloqueo y la huelga permiten sacar a la luz la indefensión y desamparo de millones de jornaleros agrícolas y evidencian el vacío de autoridad en las instituciones del Estado Mexicano.

Aquellos jornaleros del siglo XIX que vivían en las haciendas y eran presas de la tienda de raya y la miseria; aquéllos que muchos pensaron que la Revolución Mexicana y el reparto agrario habían erradicado, siguen en la miseria más absoluta, sólo que bajo formas modernas de esclavitud.

Para los 3.28 millones de jornaleros agrícolas, quienes sumados a sus familiares son más de 14 millones de personas, las condiciones de salud, vivienda, educación e ingreso son las más precarias entre los mexicanos, es decir, son los pobres entre los pobres. Familias enteras son expulsadas principalmente de los estados con mayor marginación (Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas) ante la falta de medios para subsistir, de tal suerte que emigran entre 6 y 8 meses del año a los campos de agricultura comercial en el norte del país (Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, etc.) para desarrollar los trabajos más duros del campo en jornadas que inician a las 5 o 6 de la mañana y terminan entre 10 y 12 horas después.

En muchos de estos campos se contratan niños desde 6 años, apreciados porque sus pequeñas manos permiten cortar los frutos más recónditos, violando flagrantemente nuestra Constitución y leyes laborales.

El costo social de todo esto: generaciones enteras que reproducirán y profundizarán la pobreza de sus familias. La UNICEF ha estimado que de 300 mil niños que emigran con sus padres jornaleros, el 42% padece grados considerables de desnutrición y sólo 10% continúa yendo a la escuela en las zonas agrícolas. Entre las mujeres jornaleras embarazadas, las dobles jornadas laborales y la falta de nutrientes condena a sus hijos a una mayor morbilidad. Apenas el 5% de los jornaleros tiene acceso al IMSS y algunos otros batallan para acceder al Seguro Popular en los Estados del norte, por las dificultades en la portabilidad de los programas y prestaciones sociales.

Las familias jornaleras tratan de maximizar el número de miembros que trabajan por el mayor número de horas posible y los ingresos que generan esos 8 meses sólo les permiten sobrevivir el resto del año en sus comunidades de origen.

No todas las familias de jornaleros migrantes tienen un lugar donde vivir a su llegada, por lo que improvisan campamentos sobre tierra, sin acceso a agua potable, drenaje, mucho menos luz o gas. Esos campamentos se convierten en focos de infecciones intestinales, respiratorias, desnutrición y hacinamiento.

Así, los jornaleros del Valle de San Quintín decidieron organizarse para reclamar un aumento del jornal a 200 pesos y los agricultores responden con la mayor indolencia diciendo que se rigen por la oferta y la demanda de un mercado internacional, cuando la agricultura comercial absorbe cerca del 80 por ciento de los subsidios que canaliza la federación.

El vacío de autoridad para regular este mercado y la incapacidad de las instituciones de los tres niveles de gobierno para que se garanticen las condiciones mínimas de empleo, capacitación, seguridad social, vivienda e higiene en los asentamientos humanos; se convirtió en una batalla campal, como si se estuvieran exigiendo aspectos ajenos a nuestra Constitución o dignos de habitantes de otro planeta.

Tan vergonzosa es la falta de Estado de Derecho en México, que en los más recientes acuerdos en Ensenada Baja California, del pasado 14 de mayo, prácticamente no se obtiene ningún beneficio extraordinario para los jornaleros, ya que simple y llanamente se está acordando que la autoridad haga cumplir la ley, nada más irrisorio para un país de instituciones democráticas como el que se presume.

Diríase que los trece acuerdos son condiciones necesarias, más no suficientes para tener una política integral de atención a jornaleros agrícolas en la que los programas sociales tengan portabilidad mientras emigran y Prospera se vincule con el sistema educativo y productivo de las familias, en donde no bastará que las empresas se certifiquen como “libres de trabajo infantil”, sino garantizar que los niños tendrán cuidado infantil, acceso a educación y alimentación sana durante las 9 horas que sus padres están en los campos, es decir, urge que el acuerdo de coordinación fiscal trascienda a un esquema entre estados expulsores y receptores, en donde además la participación de los empresarios y de la sociedad civil refuerce la actuación de los gobiernos estatal y federal, de tal manera que efectivamente podamos hablar de una mejoría en las condiciones de vida y bienestar de los jornaleros agrícolas.

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