La violencia electoral
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La violencia electoral

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La violencia electoral

25/06/2018
Actualización 25/06/2018 - 15:00

México vive desde hace varias décadas una profunda crisis en materia de seguridad, la cual representa uno de los retos más importantes a enfrentar no sólo para el que resulte ganador de la contienda el 1 de julio, sino para la propia democracia y el Estado mexicano. La violencia y la inseguridad amenazan además de los individuos a la legitimidad de la democracia. El llamado contrato social se encuentra roto y parece no tener un arreglo fácil.

Los poderes fácticos no legales se han apoderado de algunas instituciones y de algunas zonas importantes del país. El Estado no parece estar vigente, el Estado no parece poder imponerse, los criminales carcomen todo a su paso sin freno ni tregua, y la respuesta a la pobreza, la desigualdad, el desempleo y a la impunidad lejos de frenarla la alimentan.

No parece haber una política pública exitosa ni instituciones capaces de implementarla. Los ciudadanos vivimos con temor e incertidumbre, en una convivencia social dividida y de desconfianza hacia los políticos, las instituciones y entre la misma ciudadanía.

El proceso electoral no es ajeno a esta problemática. Las cifras de candidatos asesinados son discrepantes, pero oscilan alrededor de las 100 víctimas. El derecho a ser votado se muere a balazos. ¿En dónde queda la voz enérgica condenando estos hechos por parte de los partidos políticos? ¿Debe de protegerse a los candidatos con recursos de todos los ciudadanos de manera especial? ¿Los partidos deben disponer de los recursos de campaña para otorgarles seguridad a sus candidatos?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, tan sólo a nivel federal los partidos han solicitado la sustitución de más de 342 aspirantes. ¿En dónde queda la democracia? ¿Los candidatos son los mejores cuadros, o son quienes se atreven a jugársela?

Hoy el derecho fundamental de salvaguarda a la vida y al patrimonio que debiera garantizar el Estado mediante este 'contrato social' se aleja de una construcción social y cultural y se vuelve cuestión de suerte.

La debilidad institucional del gobierno ha llevado al país a niveles de la inseguridad jamás imaginados. El 'monopolio de la fuerza' por parte del Estado como señalara Max Weber, parece estar del lado de grupos criminales.

La 'democracia mexicana' del siglo XXI es el escenario de los asesinatos por los espacios del poder. El Estado no legitima su esencia como integrador y garante de seguridad. De acuerdo con México Evalúa tan sólo en abril de este año se cometieron dos mil 720 homicidios, además, señala que 2017 fue el año más violento de la historia mexicana reciente, y se prevé que el sexenio de Enrique Peña Nieto cierre con alrededor de 140 mil víctimas de homicidio. Nunca en la historia electoral de nuestro país las elecciones se habían manchado tanto de sangre, es inadmisible y reprobable.

Hoy no contamos con seguridad personal, con seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad social ni defensa nacional. La paz pública se ha roto. ¿México es acaso un Estado fallido?

Ante ello vale la pena preguntar ¿cuál es la respuesta de los ciudadanos? ¿Atacando las causas se resuelve el problema de la inseguridad? Si es así, entonces ¿es la pobreza la causante de la inseguridad? ¿Cuáles son los valores de nuestra sociedad? ¿Cuál es la ruta de salida a esta ya insoportable situación de violencia?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.