Opinión

Revertir males

El nivel de corrupción al que se ha llegado en México no lo mide el valor de lo que cambia de manos, que es mucho, sino la impunidad de los funcionarios federales, estatales, municipales, legisladores, empresarios y particulares que incurren en esa práctica.

La inutilidad de los mecanismos de control no parece casual, sino calculada. Funcionan con freno la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los órganos de fiscalización y las contralorías estatales.

Un ejemplo es lo que recién informó la ASF: desde su creación hace 14 años, ha presentado 457 denuncias penales, pero sólo han procedido 19 de ellas, que resultaron en sanciones menores contra funcionarios de mandos medios y bajos.

En el caso de la corrupción hay una luz al final del túnel. La reforma constitucional en materia de transparencia recién promulgada, ya obliga a cualquier persona física o moral -como sindicatos y partidos políticos- que reciban recursos públicos, a dar libre acceso a información sobre el manejo que hagan de esos dineros.

Será más fácil documentar las formas de corrupción, pero a la reforma en transparencia de la información aún le faltan instituciones a las cuales acudir y lograr la rendición de cuentas, responsabilidades y sanciones a quienes incurran en faltas.

Sobre el escándalo más reciente, Raymundo Riva Palacio escribió que “si la investigación contra Oceanografía y sus principales accionistas es real, no podrá detenerse (…) sin tocar las fibras más profundas de las presidencias de Fox y Calderón” (El Financiero, 5 de marzo 2014). Veremos.

Construir o reforzar mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad, no es cosa sencilla: con la corrupción sucede algo parecido a lo que Ernesto López Portillo escribió respecto a la guerra contra las drogas: el discurso oficial, asegura, las condena porque son moralmente reprobables, pero eso no quiere decir que se pretenda ganarle la partida al poder que las prohíja (El Universal 4 de marzo 20014).

Lo mismo sucede con la corrupción: el problema no es el hecho sino el poder que está detrás del hecho para proteger a nombres como Humberto Moreira, Andrés Granier, Romero Deschamps, Arturo Montiel, a los diputados de los moches, panistas y muchos etcéteras.

El poder del narcotráfico, el de la delincuencia organizada y el de la corrupción son poderes fácticos, en parte independientes, en parte combinados que en ciertas circunstancias han desbordado a las instituciones del Estado.

En casi todos los países del mundo hay narcotraficantes, hay organizaciones de delincuentes y sin duda hay corrupción, pero son problemas acotados por normas e instituciones que mantienen el control.

El problema en México es la presencia de poderes fácticos que desafían el poder de las instituciones y en ciertas circunstancias, han definido qué se dice, qué se hace, qué es ilegal y qué no en relación a esos males.

En el caso de las drogas, el poder dominante es extranjero: la estrategia de guerra punitiva la declaró Estados Unidos hace más de cuarenta años y si se mantiene no es porque haya logrado reducir mínimamente el consumo adictivo; se mantiene porque ha sido eficaz en elevar las ganancias de los narcotraficantes y de sus asociados en las esferas públicas y privada.

La guerra a las drogas también sostiene presupuestos y burocracias de agencias policiacas como la DEA y las fuerzas de seguridad en México. ¿Sabía usted que México se convirtió en el tercer país en el mundo por el número de policías durante el gobierno de Calderón?

Corrupción y narcotráfico no hacen de México un país peor que otros.

Lo peculiar de nuestra situación es que las instituciones del Estado han cedido bajo la presión de poderes que están detrás de esos males.

De no revertirse esas circunstancias, su dinámica tiende a generalizarlas.

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