Opinión

Restricciones al transporte terrestre de carga

 
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transporte de carga. (t21.com.mx)

Muchos hemos sufrido un camión viejo y destartalado que nos impide el paso en una carretera. Las normas locales pueden ser la explicación, al dañar e impedir la competencia en el transporte de carga. A través de la sobrerregulación y una mala administración, los gobiernos estatales y municipales pueden impedir el acceso de competidores y proteger a grupos de interés o empresas incumbentes que no son obligadas a ser eficientes ni a ofrecer un mejor servicio. Las barreras normativas generan trabas a la competencia, afectando no solamente a los mercados de transporte de bienes en el país, sino a los mercados de los bienes transportados.

Sinaloa es un ejemplo claro de este problema. La autoridad investigadora de la Cofece recién emitió un dictamen que identifica cómo la Ley de Tránsito y Transportes de ese estado y su reglamento han generado que pocos transportistas hayan podido entrar a ofrecer el servicio, una baja calidad, y hasta una reducción de la inversión en la región. A través de la investigación realizada, se identifica que los constructores y agricultores incurren hasta en 40 por ciento más de gasto por no poder transportar sus propios bienes y tener que contratar a transportistas caros y poco confiables. Los transportistas incluso ejercen medidas de presión para obligar a los usuarios a contratar su servicio en los términos que desean, lo que ha puesto en riesgo inversiones importantes en el estado.

El transporte de carga en Sinaloa es privilegio de unos pocos. En más de la mitad de los municipios del estado un solo concesionario tiene 50 por ciento de los permisos, e inclusive en algunos uno solo tiene el 100 por ciento.

Esto es así porque no se otorgan permisos por las autoridades; un gran número de solicitudes de otorgamiento de permiso siguen esperando ser resueltas después de varios años. Esto a su vez genera una falta de renovación de la flota. Los camiones en el estado son viejos y están mal cuidados. Con 35 años promedio en agrícola y 27 en el sector construcción, se encuentran muy por encima del promedio nacional.

Además, las normas permiten a los funcionarios regular las tarifas de este servicio y controlar subjetivamente el número de concesionarios con enorme discrecionalidad.

Las disposiciones que regulan la prestación del servicio dificultan la entrada o expansión de competidores del transporte, les impiden a los empresarios que transporten su propia carga y limitan la libre determinación de las tarifas.

Esto no es un caso aislado, ya que en mayor o menor medida estas condiciones se presentan igualmente en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Estos casos podrían ameritar una investigación similar, pero las autoridades locales no deberían esperar la actuación del órgano constitucional ante flagrantes problemas de competencia que dañan la productividad de sus estados y afectan a sus empresas y consumidores.

En el dictamen del caso Sinaloa se encuentran medidas para remediar estos problemas que podrían aplicarse y con ello eliminar las restricciones identificadas para limitar las facultades discrecionales para el otorgamiento de permisos, la determinación de tarifas y permitir el libre tránsito de productos.

El eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia en las normas locales permitiría la entrada de más empresas al mercado, así como la oportunidad de que aquellas que sean eficientes se expandan y crezcan.

Al liberalizar las tarifas del servicio de transporte, se tendrían más opciones en precios y se mejoraría la calidad del servicio. Al final, mayor eficiencia en un sector urgido de ella.

El autor es titular de la Autoridad Investigadora Cofece.

Twitter: @Carlosmena

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