Opinión

Rescate perverso

 
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Ficrea

La Cámara de Diputados aprobó rescatar con mil 700 millones de pesos a los ahorradores defraudados de Ficrea, una sociedad de crédito popular que mediante un esquema de pirámides pagaba altas tasas que atrajeron a miles de clientes, algunos millonarios, que aprovecharon un esquema fraudulento para ganar altos rendimientos y ahora exigen ser rescatados con recursos públicos. Concretar ese rescate es premiar el desorden, estimular la falta de responsabilidad y alentar la codicia.

Se trata de seis mil 848 ahorradores, de los cuales 78 por ciento son efectivamente “populares”, eso es, con montos menores a un millón de pesos y una buena parte tiene depósitos menores a 100 mil pesos. Cabe aclarar que en el sector financiero popular el ahorro promedio es de siete mil 500 pesos, por lo que el seguro de depósito de hasta 130 mil pesos que ya ha sido pagado a dods mil 614 ahorradores les ha permitido recuperar el 100 por ciento de sus ahorros.

El problema es el resto de los ahorradores que no son precisamente “populares”. Por ejemplo, hay 162 que depositaron entre cinco y diez millones y 84 que cuentan con recursos de entre 10 y 100 millones de pesos. Además, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal invirtió 120 millones de pesos y el Poder Judicial de Coahuila cerca de 90 millones, aun cuando la ley prohíbe a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) recibir depósitos de instituciones de gobierno. ¿Por qué invirtieron recursos públicos en Ficrea en lugar de hacerlo en el sector bancario? ¿A cambio de qué?

Si se rescata a los clientes millonarios de Ficrea, ¿no sería más “justo” hacerlo antes con 55 mil defraudados por cajas de ahorro, uniones de crédito y micro financieras en Oaxaca? En Guerrero existen 40 mil familias defraudadas por financieras y en Chiapas hay más de 300 inconformes a quienes la Caja de Ahorro y Crédito Serfir defraudó hace dos años con 56 millones de pesos.

Muchos de los ahorradores defraudados de Ficrea decidieron invertir en una empresa que tenía síntomas fraudulentos al ofrecer rendimientos superiores a los que otorga el sistema bancario. ¿Por qué tenemos que rescatar a algunos ahorradores irresponsables o codiciosos con dinero público, dinero de contribuyentes que tienen sus ahorros en el sector bancario que paga muy bajos rendimientos? Reitero, los ahorradores realmente “populares” ya han cobrado el seguro de depósito y recuperado el 100 por ciento de sus ahorros, la discusión se centra en aquellos que tenían cientos de miles de pesos o incluso millones.

Según los diputados que aprobaron el rescate, el dinero para indemnizar a los defraudados será reintegrado una vez recuperados los bienes de Ficrea y de Rafael Olvera, socio mayoritario. Pero existe un hoyo negro en esta investigación porque a pesar de que es cierto que Olvera cuenta con un patrimonio inmobiliario, hasta la fecha no se sabe cuánto dinero vale dicho patrimonio y cuánto durarán los litigios.

La señal de los legisladores es además grave porque muestra que si tienes mucho dinero y además conexiones políticas eres “rescatable”. Una vez más: ¿por qué no se hizo lo mismo con los defraudados de cajas populares en Chiapas, Guerrero o Oaxaca? Si puedes tener acceso a medios de comunicación, diputados y funcionarios de gobierno, como muchos de los ahorradores millonarios de Ficrea, tienes el peso político para que el Congreso cambie la ley y te rescate con cargo al resto de los contribuyentes.

Valdría la pena que el Congreso investigara las condiciones bajo las cuales los tribunales de justicia del DF y Coahuila invirtieron cantidades millonarias de recursos públicos. Lo mismo procede por parte de las autoridades estatales. ¿Quién va a reponer esos recursos perdidos? ¿Qué funcionarios violaron la ley e hicieron esas inversiones? ¿Acaso hubo comisión para que se realizarán esos depósitos? Si la financiera llevó a una centena de sus clientes al último Mundial de Futbol con la promoción “Ficrea te lleva a Brasil 2014”, imaginemos qué ocurría con depósitos de 90 o 120 millones.

Finalmente, cabe aclarar que la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular que se quiere aprobar para mejorar la supervisión de las sociedades de ahorro popular es un paso adelante. Pero una cosa es mejorar la regulación en beneficio de los ahorradores y otra rescatar con recursos públicos a quienes firmaron y aceptaron al abrir su cuenta en Ficrea que el seguro de depósito era hasta por 25 mil Udi, equivalentes a 130 mil pesos.

Si el rescate se materializa (aún falta el voto de la Cámara de Senadores), ¿qué recurso jurídico tienen los ciudadanos que se sientan agraviados y reclamen un perjuicio porque recursos públicos se usen para fines privados?

Twitter: @LCUgalde

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