Opinión

Replantear la cooperación de seguridad con Washington

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Barack Obama

SYRACUSE, NY.- La Iniciativa Mérida, el instrumento más poderoso binacional en materia de seguridad, no está dando los resultados para los que fue creada: elevar el nivel de la cooperación.

El reciente recorte de cinco millones de dólares a la cooperación que otorga Washington es grave. No por el monto, sino por la frustración que revela. El gobierno de Peña tendría que aprovechar esta crisis para replantearse qué requiere de Estados Unidos y replantear la Iniciativa, pues de otra forma se convertirá en un irritante crónico.

En un artículo bien investigado, el corresponsal en México de The Washington Post, Joshua Partlow, reveló que el Departamento de Estado decidió no escribir el reporte sobre los esfuerzos mexicanos sobre derechos humanos, pues había demasiadas evidencias de atropellos del Estado mexicano, lo cual trae como consecuencia la reducción de 15 por ciento en la partida para las policías y el ejército de la Iniciativa Mérida. Esto es un candado impuesto por el Senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont) que condiciona el flujo de los fondos a la observación de los derechos humanos en México.

La historia de la cooperación antinarcóticos México-Estados Unidos de las últimas dos décadas está plagada de acciones diplomáticas exitosas para evitar el recorte de fondos. En 1997, por ejemplo, cuando existía el llamado Proceso de Certificación, México estuvo a punto de ser sancionado pues unas semanas antes de que el Congreso analizara el informe que preparaba y enviaba el Departamento de Estado, el puntal mexicano de la lucha contra el narcotráfico, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, resultó estar coludido con el narco más buscado en ese momento, Amado Carrillo, mejor conocido como El Señor de los Cielos.

El gobierno de Zedillo insistió en que haría todo tipo de correcciones y se acabó negociando que ese año hubiese dos reportes y dos certificaciones, pero no hubo represalia para México. En tiempos más recientes, en 2010 las cosas se pusieron difíciles, pues evidentemente la violencia en México había llegado a cimas insospechadas, pero los buenos oficios diplomáticos salvaron al gobierno de Calderón de la reducción y el señalamiento de no hacer lo suficiente por salvaguardar los derechos humanos en la lucha contra el narco y el crimen organizado.

No es momento de salvar la coyuntura, ni de desestimar el monto como lo hizo la canciller. México experimenta un momento grave en la provisión de seguridad ciudadana. Además la utilización de las fuerzas armadas, sustituyendo más que complementando a los cuerpos policiacos en la lucha contra las organizaciones de tráfico de drogas, ha contribuido a agravar el deterioro de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, la inteligencia estadounidense nos es imprescindible. Más aún, ante el boquete físico y moral que dejó la huida de El Chapo, requerimos una conexión de seguridad muy fluida con Estados Unidos para poder, entre otras cosas, extraditar a los capos más peligrosos, como atinadamente lo ha hecho la Procuraduría General de la República en las últimas semanas.

Todo esto requiere más, no menos cooperación con Estados Unidos. El espíritu inicial de Mérida era justo eso: solicitar un monto de tal magnitud a Washington –mil millones de dólares al año (acabaron siendo 400 millones)— para que nos hicieran caso las cabezas de esa capital, no los agentes de la DEA o los mandos intermedios. Se consiguió, por ejemplo, que el propio John Brennan, entonces el número dos del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca (hoy director de la CIA) se convirtiera en el punto focal de la cooperación binacional.

En 2010 la Iniciativa Mérida fue transformada para darle un papel más destacado al fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia en México (pilar dos) y para desarrollar comunidades seguras, fuertes y resistentes (pilar cuatro).

Si bien la Iniciativa Mérida ha estado mejor encausada desde 2010, mi apreciación es que desde 2011, comenzando con las fricciones que causó la salida del embajador Carlos Pascual, y en especial con el desdeño del gobierno de Peña al tema de seguridad para concentrarse en la reformas económicas, la cooperación binacional se ha venido desinflando. Los números hablan: de 400 millones de dólares al año entre 2007 y 2010, a menos de 150 millones en 2015. Es decir un recorte de poco más de 60 por ciento.

Aprovechemos la actual represalia a México para replantear los términos de la cooperación. No requerimos ayuda, sino cooperación diseñada conjuntamente. Se necesita volver a elevar el diálogo binacional al más alto nivel y transmitirles que la vieja agenda de la DEA –criminalización e interdicción de drogas, así como acabar con los grandes capos— por sí misma no funciona.

Es mejor mirar el vaso medio lleno que medio vació. La inseguridad es lo que más está afectando a los mexicanos y Estados Unidos, como parte del problema, debe ser parte integral de la solución.

Twitter: @RafaelFdeC

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