Opinión

Reformas para el campo 1992–2014: lenta agonía

La historia entre 1992 y 2014 ha sido de una lenta agonía, en la que sistemática y persistentemente se han dado dosis de aniquilamiento a la pequeña agricultura familiar y sin embargo, se mueve. Desde 1992, a los micro, pequeños y medianos productores se les ha dejado sin acceso al crédito, sin asistencia técnica, sin soportes institucionales integrados, con políticas de tierra disociadas de aquéllas que elevan la productividad, pero eso sí: con transferencias al ingreso que les han permitido administrar la pobreza y la incertidumbre.

Los medianos y pequeños productores del campo son la clásica analogía de cardúmenes de salmón luchando contra las gélidas corrientes de agua: a pesar de tener todo en contra, siguen luchando por su bienestar, sienten arraigo por sus tierras y comunidades y sobreviven con un poco de producción de autoconsumo, unos días de jornaleo, las transferencias del gobierno, es decir, chambitas por aquí y chambitas por allá. Por si esto no fuera suficiente, las zonas rurales y su población, presentan – mayoritariamente – los índices más altos de rezago educativo, de menor infraestructura de comunicaciones y transportes, carecen de servicios básicos (agua, luz, drenaje), tienen las mayores carencias de acceso a salud y vivienda, entre otros. Y ni para qué hablar de que no son sujetos de crédito, a decir de los parámetros de la política financiera: por la falta de colaterales y riesgo inherente a sus actividades.

Por otro lado, la reforma que anunció el gobierno federal en días pasados, se presenta como una transformación estructural de gran envergadura cuyo argumento principal para el atraso campesino se basa en: que las familias poseen menos de 5 hectáreas y el escaso avance en la privatización de la propiedad social, hechos que desincentivan la inversión y elevan la incertidumbre jurídica.

Entonces, como en un mundo kafkiano, no es que sistemáticamente las políticas públicas deliberadamente hayan abandonado la formación de capital humano, físico, financiero, social y natural en el medio rural, sino que los campesinos son improductivos debido a su régimen de propiedad y el tamaño de sus parcelas.

Declaraciones públicas de esta naturaleza, indican que en lo último que se está pensando es en dotar de capacidades y medios a las familias campesinas para que puedan funcionar dentro de la economía de mercado; más bien se siguen asumiendo como el principal obstáculo para la inversión privada de quienes requieren tierras y garantías de propiedad para desarrollar proyectos mineros, eólicos, hidroeléctricos, inmobiliarios o turísticos, en donde los que hoy son dueños de la tierra, tendrán la oportunidad de ser mano de obra de bajo costo.

Si ésta es la apuesta que se dará por parte del gobierno federal, lamentablemente nos acarrean recuerdos de hace dos décadas en las que comenzó esta lenta agonía para los campesinos y en las que sólo se incrementan los niveles de pobreza y desigualdad del ingreso.

A pesar de esto que se avecina y que a todas luces será un tiro de gracia para que el muerto deje de agonizar y termine por morirse, creemos que existen posturas más nacionalistas y menos nacionaleras, en las que la población campesina, con su fuerza, entereza y dignidad, pueden ser tan eficaces y eficientes empresarios como cual más, para lo cual requieren mantener la propiedad de las tierras y donde sea, más bien, el aparato del Estado el que reoriente sus políticas y deje de visualizar a la población campesina en forma lastimera y la vea como un conjunto de potenciales capitalistas, desarrolladores y beneficiarios de su trabajo.

Las organizaciones campesinas y los productores acudirán el próximo 5 de marzo al llamado del Ejecutivo federal para fijar su posición respecto a esta reforma: ¿habrá condiciones para el diálogo o sólo se les llama para legitimar una reforma cocinada?

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C.

Correo: isacruz@prodigy.net.mx