Opinión

Reformar al campo, ¿cómo, cuándo, dónde y para qué?

Concluida la madre de todas las reformas –la energética–, el PRI se prepara ahora para entrar a un debate sobre la reforma al campo.

Prometida desde enero pasado, la reforma al campo será también una negociación de alta tensión, considerando que la mayoría de las organizaciones campesinas –o presuntamente campesinas–, militan corporativamente en el PRI.

Y es precisamente el voto campesino el que ha soportado al PRI en muchos municipios; sigue siendo, después del desplome de ese peso muerto llamado “sector obrero’’, el grupo más importante por su número.
¿Qué tiene que hacer el PRI en la reforma al campo para garantizar la fidelidad de las organizaciones campesinas?

El riesgo real es que la reforma al campo sea "clientelar", como han sido otros intentos o amagos de reforma, desde la última realizada por Carlos Salinas de Gortari.

El PRI se juega mucho en la próxima elección de 2015, que será un especie de plebiscito para el partido, para el presidente Enrique Peña y sus reformas estructurales o de “gran calado’’.

Si las reformas no han arrojado por lo menos visos de mejoría en los sectores “reformados’’ –telecomunicaciones, educación, energía, financiera y el campo–, los ciudadanos tienen el voto para castigar.

Y eso preocupa al PRI, en primer lugar, pero también al resto de los partidos.

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La madrugada de ayer celebraban los senadores del PRI por partida doble, la conclusión del proceso legislativo de la reforma energética y, por adelantado, el cumpleaños de su coordinador Emilio Gamboa Patrón, cuando sonó la red del yucateco.

Era el presidente Enrique Peña desde Colombia, que llamó a Gamboa para felicitarlo por la aprobación de las leyes secundarias en materia energética.

Gamboa puso el altavoz para que todos oyeran las palabras de Peña que, enterado de que estaba la fracción en pleno, felicitó a cada uno de los legisladores del PRI.

Ya luego vendrá un encuentro personal con la fracción en pleno.
La reforma lo vale, ¿o no?

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La propuesta de incrementar –o por lo menos revisar las bases con las que se calcula– el salario mínimo, tiene muchos padres pero ninguna madre.

Ayer se sumó a petición el gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien pidió considerar la posibilidad de incrementar el salario mínimo “pero sin afectar la inflación ni las variables macroeconómicas’’.
No, pues sí.

El caso es que el tema va subiendo en intensidad; desde el jefe de Gobierno Miguel Mancera, la dirigencia nacional del PAN, Duarte y el propio secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, han realizados sus respectivas propuestas.

Mancera dijo ayer, incluso, que el gobierno de la capital aplicaría su propio modelo de salario mínimo, a partir del próximo año, independientemente de lo que acuerden representantes de sindicatos y empresarios en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Pero nadie, nadie debe pensar o imaginar siquiera que el tema tiene que ver con las próximas elecciones federales en 2015, en las que se renovarán nueve gubernaturas, 17 congresos locales, 300 distritos federales –es decir, la Cámara de Diputados- y más de mil alcaldías.

No sean mal pensados.

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Al director de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme, no le fue muy bien en la comparecencia que tuvo ante los senadores de la Comisión de Comunicaciones.

Neme fue “invitado’’ a comparecer para explicar el desorden que padecieron miles de automovilistas en las casetas de cobro el fin de semana pasado, con motivo del cambio de proveedor del sistema de cobro de telepeaje.

En principio, Neme aseguró que la nueva empresa proveedora del servicio será sancionada –no dijo ni cómo ni cuándo– por haber incumplido con los tiempos establecidos en la licitación y aclaró que la tarjeta única para pasar las casetas de cobro estará lista para utilizarse en noviembre.

Neme también reconoció que el nuevo contrato con la empresa proveedora se firmó pese a las observaciones que hizo la “testigo social’’, lo cual le generó críticas de senadores como Javier Lozano Alarcón.

El director de Capufe dijo que en los próximos días el órgano de control interno de dependencia emitirá una opinión sobre las observaciones que hizo la testigo social sobre la licitación la cual, por cierto, no fue impugnada por ninguno de los seis consorcios que participaron en ella.