Opinión

Reforma agraria: ¿qué hemos aprendido?

Isabel Cruz Hernández

La reforma estructural y profunda para el campo que está por anunciarse, probablemente eliminará aquellas restricciones que no pudieron modificarse en el año 1992, por ejemplo, que la tierra ejidal o comunal sea completamente transable en un mercado de tierras, o bien, embargable y fungible como garantía de financiamientos. Estas modificaciones, en todo caso, podrían beneficiar a los pequeños propietarios porque podrían dar sus parcelas en garantía de créditos o enajenar sus tierras a precios de mercado, es decir, ejidatarios y comuneros serían finalmente propietarios de la tierra y no usufructuarios.

Sin embargo, cuando se trata de definir derechos de propiedad, los incentivos que se generan deben analizarse con mucha cautela porque pueden darse efectos sociales tan perversos como concentrar nuevamente la tierra en pocas manos -después de una Revolución y 70 años de reparto agrario-; o bien, ¿qué política específica se diseñará para la población que actualmente es posesionaria o avecindada en un núcleo de población, es decir, no posee derechos parcelarios pero vive en estos territorios? ¿Se estará pensando en que pueden desplazarse a centros urbanos y trabajar en la industria?...esa historia ya nos la contaron.

En su momento, la reforma de 1992 tuvo efectos perversos, como por ejemplo: al permitirse sólo la titulación de parcelas individuales, se generaron incentivos para desmontar o talar inusitadamente las tierras de uso común (generalmente de bosque o selva) a fin de transformarlas en tierras para siembra susceptibles de ser tituladas en derecho de uso y usufructo a una sola persona. Asimismo esta relación unívoca entre un propietario y una parcela, plasmadas en la Ley Agraria, fueron generando una excesiva parcelización que dejó una geografía catastral repleta de minifundios, justamente lo que hoy el gobierno federal señala como la raíz de toda ineficiencia productiva.

Asimismo, en 1992 se apostó por un crecimiento industrial y manufacturero que demandaría la mano de obra suficiente como para que no hubiera incentivo alguno a permanecer en comunidades rurales, lo que llevaría a muchas personas a abandonar las zonas rurales y concentrarse en las ciudades y así, las tierras agrícolas se compactarían en superficies más grandes. Sin embargo, la crisis de 1994, los modelos de desarrollo reiteradamente fallidos que no han detonado un crecimiento industrial capaz de absorber mano de obra campesina, dejan otra realidad 22 años después, en donde las comunidades rurales están más pobladas que nunca, muchos de estos ejidos y comunidades se han fortalecido socialmente, más todavía con el regreso de migrantes sin mercado laboral en Estados Unidos y la mayoría de ellos en la pobreza y la marginación.

Además, recordemos que junto con la reforma al Artículo 27 Constitucional en 1992, se dio el desmantelamiento de Conasupo, la eliminación de los precios de garantía, la creación de políticas públicas como Solidaridad (posteriormente Oportunidades) para dar asistencia social a los pobres, la banca de desarrollo brilló por su ausencia para los pequeños campesinos, se eliminaron las garantías no convencionales en la abrogada Ley de Garantías y se firmó un tratado de libre comercio en el que se apoyó a un selecto grupo de productores que podían ser agroexportadores y darle al PIB agropecuario, los puntos necesarios para la estadística nacional

Por ende, cuando de reformas estructurales al campo se trata, ya no podemos darnos el lujo de ser parciales y dejar pasar otros 20 años para lamentarnos y decir que la culpa es de los campesinos porque viven en minifundios. No podemos volver a repetir los mismos errores y por esto no es posible argumentar que sólo el modelo de revolución verde es viable, toda vez que se ha probado que el modelo de agricultura familiar puede ser sustentable bajo esquemas de acopio y comercialización para abastecer mercados regionales; tampoco se puede decir que los campesinos son improductivos y flojos, cuando se desmantelaron las estructuras gubernamentales que les garantizaban un ingreso objetivo y se les ha atiborrado de subsidios y transferencias que representan cerca del 80% de sus ingresos, generando todos los incentivos a permanecer en el estatus quo para no dejar de recibir los apoyos.

Por eso, si de reforma estructural y profunda se trata, no podemos dejar fuera del centro de la discusión al campesino y su familia y debemos estar conscientes que modificar el artículo 27 Constitucional implicará hacer una nueva reforma agraria, en la cual se definirá el destino de 102.9 millones de hectáreas y una cuarta parte de la población, para que en el futuro, no tengamos que echarles la culpa.