Opinión

Redactan dictámenes en mesa de Pacto

Resulta por lo menos curioso ver cómo es que los senadores se aprestan a realizar un periodo extraordinario la semana próxima para aprobar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones cuando, dicen, las comisiones legislativas que debían realizar el dictamen ni siquiera se han reunido.

Al menos no públicamente, desde que fracasó el intento del panista Javier Lozano de imponer un dictamen casi de su propia autoría.

Lo mismo está sucediendo con los dictámenes de las leyes secundarias en materia energética.

Lo que está sucediendo -y eso ha generado un mal ambiente en el Senado- es que un grupo de iluminados de cada partido, es decir, del PRI y el PAN, están negociando directamente con el gobierno federal como se hizo al principio de la firma del Pacto por México.

En esa mesa, a la que concurre o el jefe de la oficina de la Presidencia o el asesor jurídico de la misma, es donde realmente ocurren los acuerdos.

Los senadores conocerán, el martes próximo a más tardar, un dictamen que se realizó en esa mesa; lo votarán en lo general y en lo particular y si no sucede un contratiempo, jueves y viernes de la semana próxima para votarlo y aprobarlo en el Pleno.

El dictamen en materia energética tardará a lo sumo una o dos semanas más.

Así que, con menos participantes, pero el modelo de negociación patentado en el Pacto por México sigue aplicando, pese a las amenazas del PAN de “reventar las negociaciones’’.

Por supuesto, algo obtuvo el PAN en todo este sainete, pero no lo sabremos hasta conocer el dictamen.

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Mal, muy mal le fue a la diputada perredista Purificación Carpinteyro en las redes sociales, no sólo por la difusión de una conversación suya en la que queda plasmado el conflicto de interés, sino por la “explicación’’ que dio para justificar su propuesta de negocio.

Auténtica ave de tempestades, la diputada tuvo que excusarse de participar en la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, no sólo por petición del presidente del PRD, Jesús Zambrano, sino porque la presión mediática fue, como pocas veces, dura.

Y es que justificar que no había conflicto de intereses porque el negocio del que habló en la grabación “no existía’’, ofendió la inteligencia de más de uno.

Ni hablar. El PRD perdió a una experta en el tema. Por lo mismo.

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¿Por qué el gobierno federal decidió dar su aval para que el rector de una universidad tomara las riendas de un gobierno estatal?

El caso de Salvador Jara Guerrero, que dejó la rectoría de la Universidad de Michoacán para hacerse cargo del gobierno estatal -por los próximos 15 meses-, demuestra la poca o nula confianza del gobierno federal -y de amplios sectores locales-, en la clase política michoacana.

¿Un rector gobernador? De verdad, para Ripley.