Opinión

Recuperar la planeación territorial y urbana

 
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Tráfico durante precontingencia ambiental en el Valle de México. (Cuartoscuro)

Presidente del Centro Tepoztlán AC.

Durante los últimos 30 años México olvidó su dimensión territorial y la necesidad de que el estado planeara y fomentara el desarrollo regional, con el concurso del sector empresarial y de la sociedad civil. Ello ha tenido una serie de efectos problemáticos que es necesario superar antes de que sea demasiado tarde. Dejada a las fuerzas y sobre todo a las debilidades y vulnerabilidades del libre mercado, la expansión de nuestra población en el territorio se seguirá acomodando a factores internos y externos descontrolados que están estableciendo retos crecentes políticos, económicos y ambientales, con un alto costo social para un país que casi cuadruplicó su población de 30 millones de habitantes en 1950 a 118 millones en 2014.

El fin de semana pasado, el Centro Tepoztlán Victor Urquidi AC examinó la evolución regional y urbana de nuestro país en las últimas cuatro décadas, con una excelente recapitulación de Roberto Eibenschutz de la UAM Xochimilco -otrora Subsecretario de Desarrollo Urbano Federal y Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF. Su visión retrospectiva y prospectiva fue complementada por Héctor Ferreira, economista con amplia experiencia desde la perspectiva de las regiones.

La reunión-diálogo dejó claro que México ha transitado rápidamente de ser un país rural a uno predominantemente urbano. Hoy más del 70% de la población se ubica en ciudades; La población urbana se duplicó de 1980 a la fecha. 51 % de ella vive en la pobreza, pero su situación ofrece mejores perspectivas que a la población rural. La flota vehicular está creciendo de manera explosiva. De 11 millones de vehículos en 2000; se pasó a 22 millones en 2010 y se estiman 70 millones para 2030. De cada cuatro viajes en las ciudades 3 se hacen en transporte público, pero el 63% del gasto público se hace para atender el transporte privado.

La capacidad institucional para lidiar con esta situación no sólo no ha evolucionado a la velocidad que el fenómeno lo hubiera requerido, sino que se ha debilitado. El tema de la planeación territorial dejó de ser prioritario desde inicios de los 90s. La mejor política regional ha sido también- como en el caso de la política industrial- la no política.

Los efectos de este vacío han adquirido magnitudes preocupantes en cuanto a la cada vez más difícil operación de las ciudades, particularmente las zonas metropolitanas de grandes dimensiones. La inercia del fenómeno ante la ausencia de políticas públicas e instrumentos que orienten el mercado del suelo y la vivienda y eviten la dispersión periférica de los asentamientos humanos formales e informales, pone en peligro la gobernanza, incrementa la inequidad y la segregación social, disminuye la calidad de vida y hace insustentable el desarrollo de pueblos y ciudades. Las posibilidades de conflicto y violencia social se hacen cada vez más evidentes.

México tuvo en los 70s una política regional orientada a contrarrestar el fenómeno de la concentración geográfica de la economía y la población y a propiciar un desarrollo económico más equilibrado en el territorio. Los planes de desarrollo productivo buscaban fomentar procesos de desconcentración económica y el desarrollo de nuevos polos industriales. Pero esta política perdió viabilidad en la segunda mitad de los años ochenta y los noventas, en un contexto de crisis económica y de reformas estructurales hacia el libre mercado. Los instrumentos de apoyo por la vía de la inversión pública, el financiamiento y el estímulo fiscal desaparecieron.

En otros países, en particular los de la Unión Europea, la política regional se ha adaptado a un nuevo contexto de liberalización económica, globalización, descentralización y creciente pluralismo político. En cambio, en México las instituciones e instrumentos de la política regional han sido destruidos. En los 25 años transcurridos desde las reformas estructurales hacia el libre mercado la planeación del desarrollo ha quedado reducida a un mero formalismo, desprovisto de contenidos socialmente significativos. Se ha afianzado una gestión pública, con un enfoque de arriba hacia abajo y sin contrapesos de integración territorial; ha sido “modernizada” en función de criterios de eficiencia empresarial, trasplantado a los asuntos públicos, criterios privados sin rendición social de cuentas.

Las modificaciones a la constitución- arts. 27 y 115 en particular- hicieron posible trasladar tierras ejidales y comunales a la propiedad y especulación privada y dieron lugar a desarrollos de vivienda irracionales hoy abandonados, en la periferia de la grandes ciudades.

¿Por qué sucede lo que sucede? Siete problemas fueron identificados:

1-La planeación urbana actual es escasa y deficiente; formal, rígida desactualizada. No considera los diversos puntos de vista del gobierno, el sector privado y la sociedad; ni los diferentes niveles espaciales de interés y decisión.

2-Las autoridades no tienen formación adecuada. No conocen los contenidos, la información dura y las bases jurídicas. Actúan sobre el momento y las presiones

3-El marco jurídico es incompleto. Prevalecen las visiones sectoriales. La SEP decide donde pone una escuela; la SSA donde ubica un hospital; las autoridades de vivienda donde se hace un desarrollo; SCT donde se traza una carretera. No hay una visión integral, ni coordinación alguna.

4-La asignación de recursos es arbitraria. Con el cuento de que somos pobres y son muchas las necesidades se actúa a la inversa, sin prioridades claras.

5-La corrupción es el aceite que da flexibilidad y concreción a la aplicación de los recursos. En la ventanilla el exceso de reglas dispersas y la burocracia justifican corrupción a través de intermediarios y “coyotes”. Todo asunto territorial se presta a la opacidad.

6-En aras del pragmatismo y del interés público se genera un proceso de negociación política que lleva a burlarse de toda la normatividad.

7-La información se mantiene confidencial. En las redes sociales se maneja información política. No hay rendición de cuentas

La concepción y puesta en práctica de una nueva política territorial, que incorpore el concepto de las metrópolis, sería un primer paso para una planeación del desarrollo en México que sea socialmente significativa y eficaz en términos de la acción pública y privada, con una perspectiva integral y de largo plazo. En diciembre de 2014 tras 8 años de intentos, el Senado tenia a consideración una legislación pertinente, así como una Ley sobre Ciudades y Territorio, pero el PRI las pasó a la congeladora. ¿No habrá llegado la hora, de atender esa tarea pendiente, así como de utilizar, una batería consistente de instrumentos de inversión pública y estímulo fiscal y crediticio?

Me dicen que el nuevo responsable de SEDATU tiene experiencia previa en el tema. En hora buena.

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