Opinión

Reconstrucción, expediente abierto

 
1
 

 

Sismo

Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que se han contabilizado tres mil 413 millones de pesos de la iniciativa privada y sociedad civil del país, así como de administraciones estatales, organizaciones y personalidades extranjeras para apoyar las fases de emergencia y reconstrucción derivadas de los sismos de septiembre de 2017, por lo que integrantes del Poder Legislativo y la sociedad civil han levantado la voz para que la aplicación de los mismos sean transparentados.

Y razones hay muchas para pedir que existan mecanismos que puntualmente auditen el dinero donado y su destino, porque la historia en este tipo de situaciones, donde la desgracia es el común denominador, son la opacidad, corrupción, indolencia y negligencia, los elementos que siempre salen a relucir en perjuicio de la ya de por sí población afectada o damnificada, en este caso por los sismos.

Puede que el dinero donado sea poco para la etapa de reconstrucción, pero aun así cada peso debe tener una contabilidad exacta, como lo establece el documento denominado 'Aportaciones del sector privado y la sociedad civil de México y donaciones internacionales en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de 2017', el cual refiere que del monto total contabilizado, 69.5 por ciento corresponde a los recursos recaudados por la Fundación Carlos Slim; 7.6 por ciento a las aportaciones del fideicomiso Fuerza México, y 22.9 por ciento a las donaciones de otros actores.

En el caso de la Ciudad de México, otro estudio del IBD, correspondiente al documento 'La nueva ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente: Algunos comentarios sobre la ley aprobada y las iniciativas en la materia', señala que ni en la iniciativa ni en la ley se especifica la cuantía anual de los recursos que destinarán los gobiernos local y federal, cómo se distribuirán, cómo y quién determinará la prioridad en su ejercicio, y cómo se evitarán las afectaciones derivadas de las variaciones del ciclo económico, así como de los ingresos fiscales y otras perturbaciones.

La normativa analizada rescata la iniciativa del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como respuesta a los graves daños ocasionados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, misma que fue aprobada por la Asamblea Legislativa (ALDF) a fines de noviembre y publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX a principios de diciembre pasado.

La nueva ley, destaca el análisis del IBD, tiene varios puntos polémicos, entre ellos los siguientes: legaliza la ilegalidad de las empresas que trasgredieron las normas de construcción y zonificación, las cuales debieron ser sancionadas en su momento, al igual que las autoridades que, por acción u omisión, permitieron la violación de las leyes vigentes.

Y aclara que, aunque la nueva ley exige los estudios de la dinámica de suelos, de factibilidad de agua, de impacto urbano, de impacto ambiental, entre otros requisitos para iniciar la densificación y reconstrucción de inmuebles, éstos deben llevarse a cabo antes de emitirse la nueva reglamentación de construcción anunciada, de elaborarse el mapa de riesgos postsísmico, con el objeto de tener la certeza sobre las condiciones del subsuelo capitalino, en especial de las áreas más afectadas y en donde se ubican los inmuebles que se rehabilitan, y de modificarse, en caso de ser necesario, los programas delegacionales y de desarrollo urbano del mismo gobierno, los cuales definen los lugares de urbanización y de reserva ecológica.

Las observaciones del instituto adscrito a la Cámara alta no deben echarse en saco roto, y es precisamente el Poder Legislativo, tanto el federal como los locales de las entidades afectadas, al que le corresponde dar seguimiento al expediente que en materia de reconstrucción sigue abierto para su puntual y expedita atención, y de no corregirse las fallas o hacerse las adecuaciones respectivas se repetirá la historia de la que ya hemos hablado.

DESDE SLP
José Antonio Meade y su esposa, Juana Cuevas, estuvieron por tierras potosinas, en donde por cierto el gobernador priista, Juan Manuel Carreras López, realiza con óptimas calificaciones la tarea encomendada y entrega buenas cuentas a sus paisanos. Ahí el precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza anunció el arranque de ocho mesas temáticas que se realizarán en diversas entidades. El primero se efectuará precisamente ahí, en San Luis Potosí.

También te puede interesar:
Pactos de Mentiras
Temas para recibir el año
Nueva Alianza, el fiel de la balanza

Sign up for free