Opinión

Reaparece Marcos, amenazante

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El EZLN celebró así, entre las últimas horas del 31 de diciembre y las primeras de 1 de enero, el 21 aniversario del alzamiento armado. (Cuartoscuro)

El presidente Enrique Peña Nieto tuvo un revés importante en los últimos días. La nueva Ley Indígena con la cual esperaba romper el empantanamiento de 18 años con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se fue al limbo al cerrarse el diálogo discreto que mantenía el gobierno con esa organización militar que se levantó en armas en 1994, y que desde entonces tiene declarada la guerra al Estado mexicano. No es algo menor. Que no haya enfrentamientos entre los zapatistas y las fuerzas federales no quita importancia estratégica. El poder político del EZLN no se mide en balas, sino en capacidad de organización, relaciones nacionales e internacionales, y una fuerza que, como botón de muestra, aportó la inspiración a crear en San Salvador Atenco, a 32 kilómetros de la ciudad de México, un municipio autónomo por fuera de la Federación.

El rompimiento se oficializó la semana pasada cuando los zapatistas expresaron su desencanto con el gobierno de Peña Nieto, al dejar en el aire la propuesta de la Ley Indígena, que en palabras del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, iba a ser de “gran calado”. Martínez Veloz anunció la ley en diciembre de 2013, después de seis meses de haber trabajado con abogados y expertos sobre una buena parte de las demandas zapatistas sobre el derecho a la autonomía indígena que se convirtieron en Ley en 1996, pero el entonces presidente Ernesto Zedillo vetó. Sin avance alguno, los zapatistas se hartaron.

La Ley Indígena, pensada como uno de los grandes cambios sociales del país, se iba a anunciar en febrero de 2014, un mes después del 20 aniversario del levantamiento armado del EZLN, pero se fue al cajón de los expedientes olvidados por el gobierno peñista, junto con el compromiso de que la Conserjería Jurídica de la Presidencia les entregaría un borrador de la iniciativa presidencial para que fuera discutida por el EZLN y los pueblos indígenas.

El EZLN le había presentado al gobierno de Peña Nieto 30 demandas, pero un diagnóstico de Martínez Veloz encontró 200 conflictos en el país que tienen relación con los pueblos indígenas, y que no se limitan a Chiapas. Algunos de los temas afectan megaproyectos, como la controvertida presa de la Parota, a 30 kilómetros de Acapulco, donde organizaciones indígenas respaldadas por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) rechazan su construcción. Hay múltiples conflictos en la minería, que se ha cruzado con la Ley Minera y los cárteles de la droga que tienen en ese sector fuertes intereses económicos.

Es decir, la Ley Indígena no sólo iba a reivindicar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, frenados desde hace dos décadas. Personas que conocen la negociación dijeron que los zapatistas sintieron que el presidente no había sido serio con la Ley Indígena, y que su equipo había malinterpretado el silencio zapatista al pensar que no harían nada. La consecuencia fue el rompimiento. La expresión de la ruptura se dio este viernes, cuando se difundió un comunicado del 1 de marzo de Galeano, la figura metafísica por la que habla el subcomandante Marcos, quien en mayo del año pasado decretó su muerte como pluma pública.

En el comunicado, Marcos expresa su desprecio con la clase política –“… los modos de la moda actual: las elecciones, las candidaturas, las ‘opciones’. Y el denominador común: un profundo desprecio por la razón, la gente, la historia, la realidad…–, así como por los recursos utilizados por el gobierno, con el marco de Ayotzinapa –sus “usos y costumbres: las plumas mercenarias, las calumnias, las mentiras, el avasallamiento mediático y judicial. La muerte multiplicada: matando la vida, matando la memoria, matando la verdad, matando la justicia: ‘la culpa es de los padres por mandarlos a estudiar en lugar de mandarlos de braceros’…”.

Pero sobretodo, se dirige a Peña Nieto y a quien escucha con atención religiosa y sigue sus consejos, Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia: “No saben lo que hay que saber: la catástrofe avanzando ya. Pero piensan que si no la nombran, desaparecerá. Que el tiempo, que la maquinaria mediática, que los reacomodos internos, que la temporada electoral, que el registro, que el crédito, que la inversión extranjera, que España, que Grecia. Todo se arreglará, no preocupar. Además, si señalaran la tormenta, señalarían también su responsabilidad… y su inutilidad”. Marcos concluye en forma admonitoria: “En una carta a su hermano-bajo-protesta, alguien desliza: ‘nosotros acá pensamos que todo irá empeorando para todos y en todas partes’.”.

Tenía el gobierno en su propuesta de Ley Indígena una apertura para un sector antisistémico, radical, beligerante y en armas. Había del EZLN la disposición para apostar una vez más por un nuevo marco jurídico y le dio un año de gracia para que hiciera lo que nunca hizo. Lo que viene probablemente con los zapatistas es la participación activa con los movimientos armados y las organizaciones civiles que están en la lucha en Guerrero y Oaxaca por construir un estado indígena autónomo. Chiapas no estaba en la ecuación en espera de la Ley Indígena. Pero la negligencia y displicencia –quizá soberbia, como tantas otras veces en esta administración–, ha creado un nuevo foco de conflicto al presidente Peña Nieto, que ya tiene demasiados flancos abiertos.

Twitter: @rivapa

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